El dilema por el espacio público

Este debate tomó fuerza por la época en la que Enrique Peñalosa se desempeñaba como alcalde, cuando, en medio de la controversia, decidió vaciar los andenes de la ciudad y despejarlos para el uso ciudadano. Hay toda una lógica al haber hecho esto: el espacio público es de todos y para el uso libre de todos. Para disfrutar del espacio, para vivir la ciudad, para usar el andén que fue pensado para el uso exclusivo de peatones y bicicletas.

No es gratuita esta teoría, así se enfrente (siempre por razones de fondo) con los intereses económicos de los vendedores ambulantes, con su derecho a ganarse la vida. Esto lleva al gobernante a plantearse casi una sola pregunta: ¿cómo puede hacerse una ciudad con espacios amplios para los ciudadanos todos y no pisotear a las personas que comercian en ellos?

Pese a las obras que se hicieron hace unos años —quioscos metálicos por las principales vías y edificios destinados a ellos, donde dicen no vender con el mismo éxito—, el problema no fue solucionado. El Distrito está aún muy quedado en la regulación y la consecuente gestión pública para despejar las calles y, de paso, generar opciones más favorables para todas las personas que se desempeñan en la informalidad. Es en ésta donde se desarrollan prácticas y realidades que a veces son muy difíciles de cambiar: el mejor ejemplo es la asignación a dedo de los locales, las peleas —a veces a muerte— por el espacio, los encadenamientos económicos invisibles para el Distrito y el provecho de la ciudadanía en general. No es un chiste.

Resulta por eso positivo que el Consejo de Estado nos haya recordado este tema en un fallo reciente que ratifica una decisión del 20 de febrero en la que ordena tomar medidas adecuadas para solucionar esta problemática. La sentencia nos recuerda, cómo no, una ejemplar y razonable providencia de la Corte Constitucional (T-772/03 es el número) en la que prohibía tomar medidas de hecho en contra de los vendedores ambulantes antes de encontrarles una fuente de empleo formal. Una solución a todos sus problemas. Esto quedó en letra muerta y es lamentable observar las principales vías de la ciudad repletas de negocios que entorpecen la buena apropiación de un espacio que debe ser de todos. Entendible, sí, pero no por eso menos lesivo.

El Consejo de Estado ha dado un plazo de nueve meses para el cumplimiento de la orden: recuperar los andenes para los ciudadanos con la previa enmienda de la situación de los comerciantes, creándoles una opción de vida más favorable. Suena lógico, pero el Distrito está atrasado. Ya se habían colgado unos años, acusando de ambiguo el primer fallo de esa alta corporación. Está ratificado ahora, lo que quiere decir que están en mora de ejecutar una medida a la altura de lo que la ciudad merece.

No solamente se trata del crecimiento de una ciudadanía que tenga el efectivo derecho de andar por donde le plazca, construyendo así un ambiente de ciudad, un uso efectivo de los espacios de la misma. Es también, y sobre todo, crear el registro y la carnetización de los informales, condiciones por fuera de sus prácticas (tan alejadas de las metas de un Estado Social de Derecho) e inscritas en marcos regulatorios endebles que en nada colaboran a la disminución del subempleo. Una ciudad, en fin, más humana, como para usar las rimbombantes palabras del alcalde Gustavo Petro.