Para tomar en serio

Un exabrupto si se piensa que muchas de esas zonas contienen una de las mayores y más nutridas formas de biodiversidad en el mundo.

Podría sonar bien en un principio, si se pensaba que era con el propósito de que el Gobierno escogiera a las mejores empresas mineras con requisitos más estrictos de los que se aplican en el resto del territorio nacional. El Gobierno, también, quería cerrar filas frente a la devastadora minería ilegal, llevando mucha más presencia a estos lugares. Sin embargo, al volver esta zona un área estratégica minera, sin un estudio medioambiental de por medio, se generaban prácticas riesgosas para la biodiversidad y los ecosistemas. Uno no puede decidir con criterios técnicos-mineros el destino de una zona como la Amazonia colombiana. Suena absurdo hasta para el más obtuso.

Frank Pearl, exministro de Ambiente, días antes de abandonar su cargo, decidió expedir un acto administrativo con el que suspendía todas las actividades mineras hasta que se hiciera un estudio zonal, de ordenamiento ambiental de la región, para establecer en un proceso serio y consistente cuáles van a ser las áreas protegidas y cuáles las destinadas a un provecho económico. Esto es un freno importante a la minería, que tantas preguntas levanta en un país como este.

Algunos son escépticos ante la medida y piensan que esto es, tan sólo, una dilatación de lo inevitable: que se siga haciendo minería en la Amazonia una vez terminado el estudio de ordenamiento y uso del suelo. Con todo y que esta teoría puede llegar a ser cierta, es posible también que muchas zonas de este importante pulmón global queden a salvo de la capacidad predadora de la minería.

Es un gran acierto, por decir lo menos, que la resolución del Ministerio parta de la base del llamado “principio de precaución”, que no es más que la previsión legal de que el Estado se abstenga de emprender un proyecto cuando puede haber daño ambiental. La resolución es muy clara en su “considerando” cuando entiende el poder devastador, y a veces incalculable, de la minería. Es la primera vez que un acto administrativo de este tipo menciona un principio de tanta importancia.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, todo el proceso se demoraría dos años. En ellos veremos a prueba al nuevo ministro, Juan Gabriel Uribe. No solamente se trata de lidiar con las dos solicitudes de sustracción de reserva, los 51 títulos mineros vigentes y las casi 1.200 solicitudes de concesión sobre cinco millones de hectáreas en la Amazonia. Es también luchar con la minería ilegal que se salta por su naturaleza los mecanismos jurídicos más novedosos; con los pulsos que puedan emprender los ministerios de Minas y Agricultura, y también con las objeciones que haya a este acto administrativo y su naturaleza jurídica.

A la minería ilegal tiene que contraponérsele una presencia estatal mayor, un control absoluto de esa región que se caracteriza por su vastedad singular. Es obvio que Uribe deberá establecer un camino común con las otras carteras, en el que lleguen a un acuerdo sobre el correcto uso del suelo y no que se deje avanzar una locomotora sin rieles en esta zona estratégica.

La Amazonia se salvó, por un tiempo, de la actividad predadora de la minería irresponsable. Vamos a ver cuánto nos dura viva. Porque la minería bien hecha en esta zona no es sólo una recomendación de los ambientalistas, sino un fin insoslayable para el Estado.