Mejor que el ilegal

Es mejor, y más razonable, que todo el procedimiento se haga bajo el amparo legal, muy lejos de la marginalidad, en condiciones óptimas de sanidad y en manos de médicos expertos.

Y es que la prohibición de las libertades mínimas trae consecuencias desastrosas: lo vivimos, en una medida extrema, en casos como las drogas o el aborto. Los canales legales cierran filas, sí, y llevan a la sociedad un mensaje de tolerancia cero, pero los ilegales —la marginalidad, sobre todo— se abren paso: desde la mala calidad de las agujas de los heroinómanos, que propagan el sida, hasta los abortos con médicos no calificados. Es un círculo vicioso. Todo, en suma, por prohibir el sacrosanto —ahí sí— derecho de que cada quien haga con su cuerpo lo que desee.

Como lo deja claro el informe del Consejo de Política Criminal, disponible en la página del Ministerio de Justicia, los datos comparados muestran que las leyes altamente restrictivas en temas de aborto en el mundo no disminuyen en nada el comportamiento mismo. De hecho, Europa Occidental, donde el aborto es permitido de forma controlada, tiene un índice muy bajo con respecto a América Latina o África, donde es ilegal. Esto acompañado de campañas sobre derechos sexuales y reproductivos, y laxitud en cuanto al uso de métodos anticonceptivos. Suena lógico, sí, pero nos falta mucho para llegar allí.

La Corte dio los primeros pasos en 2006. Lo despenalizó para tres casos específicos: el peligro de la vida de la madre, malformaciones del feto y embarazo como producto de una violación. Esto reportó un avance significativo y razonable, pero en términos exclusivamente legales. Los abortos en todos los casos se siguen haciendo, han aumentado, y las mujeres que se los practican en la clandestinidad, en un porcentaje alto, tienen complicaciones de salud.

Y el tema sigue prestándose para debates demasiado intensos. Muchas de las posiciones en contra de este derecho suelen ir en contravía de lo que ha mandado la Constitución. El colmo de esta actitud es la de la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, entidad que, a juicio de la Corte Constitucional, ha mentido sobre el uso de ciertos anticonceptivos, sobre la enseñanza de derechos sexuales y sobre la objeción de conciencia de hospitales. Pese a que el procurador salió a retractarse esta semana, como se lo ordenaba el fallo de la Corte, no lo hizo de forma idónea: dijo que sí, pero también que no. A medias. Y eso es deplorable, porque los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos están en juego.

Dentro de todo este ciego panorama prohibicionista resulta positivo, entonces, que el Ministerio de Justicia desee ahora plantear el debate de despenalizar ampliamente el aborto en Colombia, en una regulación que exceda los tres casos mínimos. Un debate que debería darse con altura, con razones científicas y jurídicas, con criterios razonables de en cuánto tiempo de gestación termina la posibilidad de abortar, en fin, de llegar a un acuerdo para regular lo que de todas maneras no es ni puede convertirse en un método anticonceptivo como cualquier otro.

Porque a los amigos de las prohibiciones hay que recordarles un dato sencillo, al que a veces son renuentes: nadie quiere abortar. Las mujeres no quieren pasar por esa experiencia ni lo hacen por gusto. Es por esto que, en conjunto con la despenalización amplia, deben adelantarse campañas educativas sobre derechos sexuales y fácil acceso a los anticonceptivos.

Avancemos en esto, por favor. Por el bien de la mujer, de la salud pública y de la sociedad.