¿Qué va a pasar con la DNE?

El presidente Juan Manuel Santos, en persona, hizo anuncios altisonantes sobre cómo esta entidad, llevada a menos por la corrupción y los malos manejos, desaparecería. De esta forma, y en medio del afán del Gobierno por transformar al Estado, las funciones que ejercía la DNE serían trasladadas a los ministerios de Justicia y Hacienda. Sin embargo, en el transcurso de este año se incrementaron en casi 2.500 los 70.000 bienes incautados que ya tenía a su cargo, lo que dilata de forma creciente su liquidación.

La idea sonaba bien en un principio, pero despertó a la larga las mismas dudas que genera cualquier reestructuración de este tipo: ¿era del todo necesaria o sus grandes problemas se podrían solventar más bien con un rediseño interno y no su disolución? Tampoco era muy claro qué podría pasar con la autonomía de una entidad de tal envergadura, encargada no solamente de la administración de los bienes incautados a la mafia sino de planear las directrices de la lucha contra las drogas. Interrogantes sanos, que, al no ser respondidos en su momento, quedaron a la sombra de la liquidación inminente.

La DNE era, como dijimos, una entidad condenada a muerte a la que debía dársele, según el Gobierno, digna sepultura. Y ahora, como cosa paradójica, el mismo Gobierno le ha prolongado su agonía, dejándola viva por un tiempo más. Exactamente hasta diciembre de 2013. Increíble que estas cosas pasen. Lo de la prórroga es entendible, aunque demuestra el nivel de complejidad que tenía esta operación. La misma que el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, calificó como sencilla.

Desde el comienzo de la liquidación hubo muchos problemas. Empezando por el simple hecho de que no se cumplieron los plazos: la entrega, en tres meses, de todos los archivos de los bienes en extinción de dominio al Ministerio de Justicia fue lo primero que falló. La prórroga concedida tampoco se acató. Las voces técnicas advirtieron sobre lo que terminó pasando: el inventario era muy difícil de hacer. Sobre todo por la separación de las propiedades pertenecientes al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y los que pertenecían a procesos penales de narcotráfico. Del afán no queda sino el cansancio, reza el dicho popular.

Además, no fue sólo un problema de organizar lo que se liquidaba, es decir, lo que quiso trasladarse a otra parte, sino también de conocer la capacidad de quien lo recibía: el Ministerio de Justicia no tiene aún cómo asumir las funciones de la DNE, tal y como lo dijo un informe de este diario hace unos meses. Aún no existe el presupuesto para asumir esas funciones de manera eficiente.

Por lo pronto, tendremos DNE para rato. Lo que nos lleva a preguntarnos si esos problemas estructurales, a los que se suma ahora el difícil trámite de liquidación, iban a ser solucionados con esta especie de “borrón y cuenta nueva”. Ahora, cuando vemos la dimensión de una escisión de este tipo, vale preguntarse si esas soluciones sí reparan los daños endémicos de la entidad. En su momento dijimos que la calentura no estaba en las sábanas: las decisiones sobre el futuro de una entidad no se pueden tomar con base en la coyuntura. Una lección básica de política pública.

Los crecientes escándalos de hace un año obligaban a tomar medidas, pero la pregunta sensata era si los malos manejos obedecían al diseño mismo de la entidad. Esta pregunta aún debe resonar mucho en esas paredes no liquidadas de la DNE. Las prórrogas, recordemos, no pueden ser infinitas.