Un triunfo parcial

Resulta positivo que el Ejecutivo esté cumpliendo sus promesas y que ese país de la prosperidad que prometió en campaña se haga visible en donde más se siente: el bolsillo y la ocupación de una persona corriente. De acuerdo con el director del DANE, Jorge Bustamante, se trata de la cifra más baja —la del mes de agosto— de los últimos 11 años.

Es destacable que sea en el empleo donde se sientan los avances que la economía ha tenido durante los últimos tiempos. Es, sin duda, una muestra de prosperidad, una señal de que se están dando pasos correctos. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno haya alcanzado su insoslayable meta, no debe dar pie para ahogar los demás problemas que se afrontan en el mundo laboral. No puede verse esto como una cortina de humo para ocultar las demás cifras, que pueden ser analizadas de forma bastante simple.

Un dígito porcentual es una estadística que esconde a 2’251.000 seres humanos que no logran conseguir empleo. Diciéndolo en términos mucho más prosaicos: aún no tenemos nada grande por lo que celebrar. Apenas se dan los primeros pasos, nada despreciables, pero el camino es largo y pedregoso.

Sobre todo cuando se hace un análisis comparado de los demás datos que nos son proveídos: Colombia es el país de América Latina con la mayor tasa de desempleo y de informalidad; además, como lo anotaba Santiago Montenegro en las páginas de este diario el lunes pasado, de los 20,5 millones de ocupados, sólo 6,5 millones están cotizando al régimen de salud y pensiones, mientras más de la mitad del resto sobrevive —si así se le puede llamar— con ingresos inferiores a un salario mínimo. Asimismo, el subempleo, el consabido rebusque, creció en un 33%, convirtiéndose, a la par, en una pésima noticia. Tanto más en cuanto todo esto sucede cuando el crecimiento del PIB ha sido uno de los mayores en los últimos 50 años.

El empleo no sólo debe ser medido como un porcentaje, sino como una meta global que esté rodeada del cumplimiento de una serie de derechos establecidos en nuestro marco jurídico interno y los tratados a los que Colombia está suscrita. Es por eso necesario incluir como prioridad dentro de las políticas macroeconómicas de la Nación la generación de empleo.

Hay que revisar, asimismo, las formas paralelas que el derecho mismo ha creado y que muchas veces se hacen en la práctica para esconder una relación laboral: no sobra recordar, una actividad personal, subordinada y con contraprestación monetaria. Debido a la precarización de los contratos laborales clásicos, los inventos que el derecho civil y comercial han hecho (cooperativas de trabajo asociado, intermediación laboral, entre otras) muchas veces están en contravía de los derechos de los trabajadores. Y estos mismos derechos, finalmente, no son articulados en un diálogo social mucho más grande: las tasas de sindicalización en Colombia son bastante bajas, no sólo por el peligro que los líderes han corrido a lo largo de los años, sino también por su propia pérdida de legitimidad.

El Gobierno está buscando la salida en su reforma tributaria con la que, en palabras del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el empleo crecería en un 11%. Esperamos que estos cálculos a futuro le salgan bien al Ejecutivo, tal y como lo hicieron los de la reducción de la tasa de desempleo. Sin embargo, el enfoque en derechos debe ser mucho más amplio, para así conseguir un empleo con todas las de la ley.