La nueva reforma

 Mucho mejor, en cambio, presentar una reforma parcial, que tuviera más aceptación y menos riesgo político. El nuevo ministro, Mauricio Cárdenas, se la jugó con un instrumento que si bien no es transversal y deja de tocar puntos fundamentales, produce algunos cambios en la manera de recaudar los impuestos. Que impactará, no hay duda, el problema es en dónde y a quién.

Empecemos, entonces, por lo que no se toca. A juicio de los expertos consultados por este diario, los grandes temas faltantes son de gran importancia para la sostenibilidad fiscal de los colombianos y pudieron ser contenidos en una reforma un poco más ambiciosa. Dos ejemplos ilustrarán la idea: el proyecto no considera el impuesto a los dividendos, cuando en el borrador inicial los afectaba en un 4%; ni tampoco soluciona los problemas crecientes del impuesto del 4 por mil, que impiden en gran medida las transacciones financieras de las clases medias y bajas.

Lo que sí se hizo fue escoger ciertos temas gruesos que redundarán, sin duda, en el recaudo: impuestos a personas naturales, a sociedades, reforma del IVA, regulación a ganancias ocasionales y la generación de ciertas normas antievasión. Las metas del Gobierno son muy claras y las ha publicitado: aumentar el empleo, frenar las prácticas de evasión y mejorar un poco la equidad. La pregunta pertinente es, entonces, si con esta reforma parcial el Gobierno logrará estas metas.

La opinión técnica dominante frente al tema del empleo no es tan favorable. El Gobierno pretende reducir los parafiscales —los impuestos a la nómina— con la finalidad loable de generar más empleo, ya que la entrada en un régimen legal sería menos onerosa para las empresas que contratan. Sin embargo, la relación causal parece no estar tan clara. Al menos no tanto como el Gobierno lo dice con pretendida precisión. La flexibilización laboral de hace diez años prometía lo mismo y tuvo resultados discretos en la generación de empleo y perversos para los trabajadores.

En cuanto a la reducción de la evasión, el panorama luce más favorable. Las medidas, en general, son acertadas y concretas: la reducción de las tarifas del IVA genera, por lógica, no solamente una mejor administración del impuesto, sino que también incentiva que se evada menos.

En cuanto a la equidad, las preguntas aún están abiertas. Las personas naturales que ganen ocho millones de pesos, o más, deberán aportar un mínimo de 5% de impuesto a la renta. De una forma exponencial (como debe hacerlo una reforma progresiva), los más ricos pagarán más, hasta una tarifa del 15%. Esto suena muy bien, ya que, por obra de otras normas, las personas más ricas muchas veces pagaban una parte de su riqueza mucho menor que las clases medias. La reforma impide esto y redistribuye un poco mejor las cargas. Las empresas, sin embargo, ganan con la reforma. Y ahí es donde en verdad está la plata. Por eso, para algunos, la reforma contiene un elemento inequitativo: las utilidades de las empresas seguirán siendo gravadas en el 33% (la sumatoria de 25 puntos en impuesto a la renta y ocho para el llamado impuesto para la equidad), pero habrá una reducción de los parafiscales, que son de carácter mensual.

La pelota está en manos del Congreso. El debate se debe dar con altura, propendiendo siempre porque las discusiones se den en un nivel técnico amplio, respetando los loables objetivos del Gobierno. Y no, como ha ocurrido en el pasado, que se saque una reforma llena de incisos metidos a última hora y conforme a fuertes intereses, que termina desvirtuando la intención original. Si el recaudo no es la urgencia, como se nos ha dicho, ojalá esta vez el propósito de equidad con que se nos vendió esta reforma logre imponerse.