¿Radicalismo ambiental?

En especial, cuando algunos sectores productivos, sobre todo aquellos que hacen parte de las llamadas locomotoras que ha venido impulsando el presente gobierno, cuestionan las intervenciones de funcionarios y voceros a quienes acusan, y etiquetan de paso, de ser protagonistas de un presunto “radicalismo ambiental”. Con las declaraciones de la contralora no ha habido una excepción.

¿Qué sucede realmente con la gestión ambiental? La verdad es que la falta de una orientación contundente en el tema por parte del gobierno central sigue generando desencuentros, debates y conflictos. Mal haría la contralora entonces, con ese panorama, en no ejercer sus muy claras funciones en la materia. En efecto, ese alto cargo está consagrado en la Constitución Política para que ejerza un control fiscal de la administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Para ello, el ente de control no ha fallado en realizar el requerido informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Es posible que muchos de los que siguen tomando decisiones que afectan al ambiente no sean conscientes de lo que allí, en reiteradas ocasiones, se ha consignado.

Además, en cumplimiento de la Ley 267 de 2000, son deberes de la Contraloría dirigir y promover estudios de evaluación de la política y de la gestión ambiental del Estado y responder por los resultados y la calidad de los mismos. Además debe ejercer vigilancia fiscal que coadyuve al desarrollo sostenible y a la minimización de los impactos y riesgos ambientales.

Esto es lo que hace, en un ambiente de injustificada incomprensión, la contralora Sandra Morelli. Los servidores públicos saben de sobra que cualquier omisión en sus funciones no pasaría desapercibida para quien, en cumplimiento además del Decreto Ley 267 de 2000, está atenta a oficiar y esta vez a señalar, de manera pública, lo que ya aparece como una situación de suma gravedad: que, como le dijo Morelli a Yamid Amat el domingo pasado, “Colombia está al borde de un desastre ambiental”.

Sin duda, algunos de los temas señalados en esa entrevista en El Tiempo podrían ser objeto de controversias sobre el sentido, la oportunidad y la orientación deseable de una gestión ambiental pública y responsable. Incluso, en casos particulares, pudo faltar un análisis más profundo y sus señalamientos resultar apresurados. Pero la coincidencia de puntos de vista de conocedores, interesados y, ahora, de un organismo del control público como éste, dejan cosas para pensar.

El gobierno de la “prosperidad democrática” no parece tener claros los asuntos ambientales. Antes, por el contrario, ha dado claras muestras, en lo que lleva, de lentitud, dubitación y hasta interpretaciones ligeras. Una pausa es, pues, conveniente y necesaria.

La Constitución Nacional es clara en cuanto a que el Estado debe garantizar el derecho colectivo de todos los asociados a un ambiente sano, evitar el daño ambiental y consultar a los afectados en aquellos casos en que un deterioro aparezca como posible. Por tratarse de un asunto crucial del interés publico, el Gobierno debería salirle al paso al tema y nombrar una comisión independiente de expertos calificados que contribuya a encontrar un punto sensato de acuerdo. Por lo pronto, es importante escuchar la alarma que lanza la señora contralora.