Infraestructura verde para Bogotá

La infraestructura verde se conoce comúnmente como el conjunto de espacios naturales protegidos, corredores verdes, parques y avenidas arborizadas. Asimismo, más recientemente han comenzado a integrarla techos, muros y terrazas verdes, que además ayudan a mitigar el efecto del clima cambiante en los conglomerados urbanos.

En Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) definió, en 2001, la “estructura ecológica principal” como el elemento clave de la planificación, abriendo un espacio visionario a lo que hoy se conoce en el mundo como }. Medellín y otras ciudades también han avanzado en la planificación de espacios de este tipo, que son sustraídos a los procesos de urbanización y que constituyen la base para la gestión ambiental urbana ligada con el bienestar de sus habitantes.

¿Podemos entonces concluir que estamos tan avanzados frente al resto del mundo en este tema?

Los asistentes al evento sin duda se interesaron y felicitaron la variedad y belleza de los diseños para el espacio público natural y construido, y lo adelantado de los complejos procesos de planificación en la Región Metropolitana de Medellín, por ejemplo. Sin embargo, la impresión es que Bogotá se ha quedado con las buenas ideas en el papel. Estamos hablando de cerca de 2.700 hectáreas de parques ecológicos, metropolitanos, zonales, humedales, ríos y canales dentro de la ciudad, que no tienen un sistema de gestión de sitio definido, como lo exigen su magnitud y su importancia. La flamante “estructura ecológica” del POT carece de un plan maestro y de una autoridad central.

Las limitadas acciones que a esto contribuyen se difunden en los mandatos de planeación, ambiente, hábitat, gestión de riesgos y recreación. Los parques zonales y metropolitanos, y el arbolado urbano, mal que bien, sobreviven. En cambio, no hay un servicio de áreas protegidas para el Distrito Capital y la esporádica administración de los humedales urbanos carece de institucionalidad.

Muchos de estos espacios son propiedad de la Empresa de Acueducto, la cual carece de una unidad especializada para su manejo, acorde con el estándar internacional de área protegida urbana.

El limbo jurídico y el abandono local de la Reserva de los Cerros Orientales sería el primer vacío de gestión pública para enfrentar. Cuando se habla de liberar los espacios del agua para enfrentar el cambio climático, no queda claro cuál será la gestión de los mismos una vez se hayan sustraído definitivamente a los procesos de urbanización o al abandono.

La falta de institucionalidad para la gestión de la infraestructura verde de Bogotá los ha venido consolidando como vistosos polígonos en los mapas y cifras para mostrar en los eventos, mientras en la práctica siguen siendo en gran parte sitios de exclusión social, inseguridad y fealdad. Son una oportunidad para el POT en su versión acogida por la actual administración. Pero estamos lejos de tener una naturaleza urbana protegida y vinculada al ciudadano. Y las autoridades parecen no entenderlo.