El entendimiento antes que el castigo

Es obvio que en un conflicto armado se presentan, como por reflejo, las mismas conductas que la sociedad en general vive a diario. La discriminación, por ejemplo: por ello era tan importante que la Ley de Víctimas del gobierno de Juan Manuel Santos tuviera un enfoque diferenciado para indígenas y afrodescendientes.

Lo mismo pasa con las mujeres. La discriminación aberrante que viven a diario, y de la que ya se han dado cuenta muchos, se refleja en el campo por medio de actos violentos de los que solamente ellas pueden ser las víctimas. Asusta, por decir lo menos, el dato que nos dio esta semana la ONU, de que había más de 6.000 denuncias de violencia sexual contra las mujeres que se han presentado ante la justicia colombiana y que aún no se han tramitado. La ineficacia del sistema, dirán algunos. Y tienen parcialmente la razón. Sin embargo, las causas para que estas denuncias sean desatendidas o compiladas en papeles, obedece a una razón mucho más honda.

6.000 mujeres valientes que han estado dispuestas a denunciar la violencia que sobre ellas fue ejercida a pesar de la ‘revictimización’ campante. No hay sentencias hasta ahora. Margarita Bueso, directora de ONU Mujeres en Colombia, puso además un muy relevante dedo en la llaga: este es un tema que debería pensarse a futuro, como parte de un pacto entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno, ya entrados en un proceso de paz que camina a buen paso. Es en procesos como este por donde se empieza la justicia y la reparación, que en el caso de las mujeres debe darse desde una perspectiva de género.

Tres son los problemas principales que se presentan cuando uno aborda el tema de la violencia sexual contra las mujeres. El primero es lo que los expertos llaman “la falta de enfoque de género en el primer acercamiento”. Que no es más que la discriminación que los miembros del Estado (jueces, fiscales, entre otros) aplican cuando reciben las solicitudes. Frases vacías, pero recurrentes, como “ella se lo buscó”, son los ejemplos que mejor ilustran el cotidiano comportamiento. El segundo es el abuso de los instrumentos de descongestión, como los preacuerdos judiciales, cuando lo que está en juego es de muchísimo más alto nivel, como lo es, sin ambages, la dignidad misma de la mujer. El tercero es el apego que tiene este país por el castigo: a la par de pensar en leyes que busquen la cárcel para los perpetradores, hay que encontrar la manera correcta en la que se entienda a la mujer: la atención sicosocial, la comprensión de que la mujer se vuelve un objeto, de uso y abuso por parte de unos cuantos.

El martes pasado se aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca modificar las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la que se da con ocasión del conflicto armado. Sus objetivos son la armonización del derecho interno con el internacional, la creación de mecanismos para reducir la impunidad (que llega al 98%) y la proposición de un enfoque diferencial.

Las formas para materializar estos principios son, entre otras, que algunos de estos delitos se vuelvan de lesa humanidad (imprescriptibles), que se revise la forma en la que se recaudan pruebas, para así evitar la doble victimización; que se amplíen conductas penales como el embarazo forzado o que se cree un sistema de información para este tipo de violencia.

Las mujeres llevan el conflicto en sus cuerpos. Esta es una realidad que en un proceso de justicia transicional no podemos olvidar. Los congresistas deberán dar un debate nutrido que pueda entender a la mujer, su realidad, para hacer una reforma penal mucho más amplia y contundente. El Congreso tiene la palabra.