La inconveniencia del fuero militar

En el Congreso avanza a todo vapor la reforma constitucional que pretende ampliar el fuero militar, que no es más que la posibilidad otorgada a los miembros de las Fuerzas Armadas de ser juzgados, en cierta clase de delitos, por tribunales castrenses. Ya pasó el penúltimo debate casi sin ningún tipo de debate. Las razones que se invocan son muchas, pero la mayoría se caen por su propio peso.

Pero dejar el boquete para que por esa jurisdicción se vayan casos que tengan que ver con derechos humanos es abrir una caja de Pandora muy peligrosa: que incluso nos causaría problemas con la Corte Penal Internacional. Mucho más cuando tribunales internacionales no castrenses han juzgado de forma satisfactoria este tipo de delitos, dando el ejemplo de que sí se puede.

Lo mismo pasa con el argumento de que las Fuerzas Armadas están desmoralizadas o que actúan cautamente por culpa de su miedo a los jueces civiles. Sí, es posible que haya habido fallos temerarios y que algunos jueces hayan mostrado incompetencia, pero ni ello es algo que ocurra única y exclusivamente con los delitos de la Fuerza Pública ni es razón suficiente para ampliar la competencia a la justicia penal militar. De la cual, además, vaya si hay ejemplos de fallos temerarios e incompetentes hacia la impunidad.

Los defensores del proyecto, como el senador liberal Juan Manuel Galán, siguen diciendo a viva voz que lo que acá está en juego no es una reforma constitucional que garantice la impunidad de los militares, sino algo que les dé seguridad. Y han ido cerrando el camino para ello: violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura, genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada son delitos que quedaron, enhorabuena, excluidos de este fuero ampliado. Así mismo se intenta crear un cuerpo mixto que defina la competencia de los delitos cuando haya dudas sobre la naturaleza de la causa.

Estos dos últimos aspectos de la reforma lucen en principio positivos, pero son en todo enigmáticos. Las preguntas que surgen a la sombra son variadas: ¿para qué entonces un fuero ampliado? Un fuero que dejaría las cosas cada vez más iguales a como el derecho internacional las exige. ¿Ese es el guiño a las Fuerzas Armadas, plantearles el escenario que tanto temen? No tiene mucho sentido, y de ahí las sospechas sobre lo que se busca con este proyecto.

Que falta claridad en la legislación, no hay duda. Hacia allá deberían ir los esfuerzos. Tal y como lo dijo el jurista Rodrigo Uprimny en estas páginas el pasado domingo: la ambigüedad en, por ejemplo, el uso de la fuerza existe. Pero, al mismo tiempo, afirmó que “la solución no consiste en ampliar el fuero militar, pues un tema sustantivo no se soluciona con un cambio procesal. La salida es precisar los principios y reglas que regulan las operaciones militares, para lo cual basta una ley que sistematice el tema”. Es decir, que para aclarar algo confuso no hay que modificar el proceso. Mucho menos la competencia de los jueces.

El fuero militar avanza, mientras la claridad en los delitos sigue siendo ambigua. ¿Para qué este esfuerzo que podría abrir un boquete inconveniente en términos de justicia? Es casi como sacar una ley de procedimiento civil para aclarar un tema que es confuso cuando la gente redacta un contrato. Nuestra atención, quizá, debería estar en otra parte más provechosa. Mucho antes, por cierto, de que esas ambigüedades en lo sustancial hagan colar en la justicia castrense un tema que nos pueda poner en problemas ante el derecho internacional. Aún estamos a tiempo.