Hablando nos entendemos

Por eso, pese a que los discursos han sonado a veces duros, ni Juan Manuel Santos ni el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se han referido en términos demasiado beligerantes al otro. Incluso, Ortega se ha mostrado muy conciliador y eso es algo que el gobierno colombiano debe aprovechar. No nos conviene una postura diferente.

Lo mejor, entonces, es sentarse a hablar, pensando de una vez en acatar ese fallo y no hacer caso a las voces contrarias que, aprovechando un nacionalismo en gran parte ignorante de lo que pasa, critican a Santos por no tener voluntad de hierro en un proceso que él lideró apenas en su etapa final. Y esas críticas facilistas gustan. La gente las repite. Ni más faltaba que el presidente ceda ante esto, por más impopular que se vuelva. Para gobernar, presidente, muchas veces es necesario tomar medidas impopulares. Mucho más cuando la oposición se rinde desde un patriotismo exagerado que ignoró desde siempre ese mar hoy perdido. Está en sus manos.

Dos posibilidades se levantan a la hora de los acercamientos entre ambos gobiernos: la primera es que se llegue a un acuerdo con garantías concedidas de Nicaragua a Colombia sobre el mar perdido. Unas cuotas de pesca artesanal que no necesiten el antipático permiso de Managua. Esa importante porción de agua era el camino fluvial de los que nunca participaron en ese litigio internacional, ni tuvieron el protagonismo patriotero que hoy les quieren dar: los raizales, cuya alimentación depende de la pesca. La segunda opción —mucho menos probable— es negociar un nuevo tratado limítrofe en el que se definan los puntos exactos de una forma mucho más conveniente para la pesca, algo que los internacionalistas llaman “la fórmula de media”.

Entonces, ampliando un poco lo que dijo el presidente Santos el jueves pasado, la cuestión no se trata de no acatar el fallo mientras no se garanticen los derechos de los afectados —como condicionó—, sino más bien cumplirlo, dando ejemplo de que para eso son las decisiones judiciales, y de paso llegar a un acuerdo para que esos hoy tan mentados derechos sean respetados por parte de ambos países.

La pregunta que resta hacerle al Gobierno es la siguiente: ¿Para qué renunciar al Pacto de Bogotá? La salida que hace 60 años se pactó para resolver de forma pacífica las controversias es hoy un arma en contra del Gobierno colombiano. La razón: la Corte Internacional de Justicia, como con razón ha dicho Carlos Argüello, el representante de Nicaragua ante La Haya, no le dijo que no a ese país. Mejor dicho, le dijo que no pero porque no supo sustentar su posición que, a grandes rasgos, quería todo. Esto deja una complicada puerta abierta para que vuelvan a demandar con más dientes jurídicos en una próxima ocasión. Denunciar el Pacto de Bogotá para salirse de esa jurisdicción cuesta un año entero, según el artículo pertinente de ese instrumento. Un año es mucho tiempo, suficiente para hacer una buena demanda.

¿Qué resta hacer entonces, salvo tratar de sacarle alguna interpretación a ese artículo? De nuevo, acatar el fallo y dialogar con el otro gobierno. Aquí es donde ese despliegue de diplomacia debe darse lo más pronto posible. Es mejor llegar a un acuerdo fructífero que buscarle más patas a otro pleito. El Gobierno tiene una responsabilidad muy grande en estos momentos. Es hora de actuar a la altura.