¿Es necesaria una ley estatutaria para la salud?

Para otros, en cambio, la ley estatuaria se justificaría para lo contrario, es decir, para que el núcleo del derecho a la salud quede garantizado por encima de cualquier consideración de corte económico.

Las diversas propuestas contenidas en los proyectos presentados y sus diferentes enfoques buscan todos modificar la Ley 100 de 1993, que sigue siendo la ley madre del sistema, a pesar de sus múltiples modificaciones. No se debe olvidar que la Ley 100 es una ley ordinaria. Por lo tanto, es válido señalar que si una ley ordinaria ha gobernado el sistema durante casi 20 años, no se debería requerir de una estatutaria para modificar, cambiar o limitar lo allí establecido.

En cuanto al alcance del derecho fundamental a la salud, que el ministro ha dicho es el propósito central del proyecto actual, ya la Corte Constitucional se pronunció desde 1994 en la sentencia C-408: “Cuando de la regulación de un derecho fundamental se trata, la exigencia de que se realice mediante una ley estatutaria debe entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho, ya que se dejaría, según interpretación contraria, a la ley ordinaria, regla general legislativa, sin la posibilidad de existir; toda vez que, se repite, de algún modo, toda la legislación, de manera más o menos lejana, se encuentra vinculada con los derechos fundamentales”. Y más adelante afirma: “Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria”, para finalmente “declarar exequible la Ley 100 de 1993, en cuanto que no era necesario que el Congreso le diera el trámite de ley estatutaria”.

En estas condiciones, luce mejor enfocar todos los esfuerzos en el trámite de una ley ordinaria que cree un nuevo sistema de salud, tomando lo que se debe conservar del actual y eliminando todo aquello que ha creado los problemas que estamos viviendo. La sobrerregulación ha caracterizado al sistema, hasta el punto en que es prácticamente imposible entenderlo y descifrar la maraña de leyes, decretos, sentencias y normas que lo regulan. Agregar a todo esto dos leyes más no parece tener mucho sentido.

El problema principal del sistema de salud no está en la concepción y el alcance del derecho fundamental a la salud. El problema está en el modelo, que en lugar de estar enfocado en la salud lo está en la enfermedad; está en el mal funcionamiento del sistema, que interpone barreras y no está centrado en el ciudadano y en sus necesidades, y está en la corrupción desbordada que ha saqueado los recursos de manera incontrolada. Es allí donde hay que enfocar las justificadas preocupaciones por la sostenibilidad financiera del sistema.

Esos son los temas que hay que corregir con urgencia. Y todos ellos pueden ser abordados por una ley ordinaria. Valdría la pena que Ejecutivo y Legislativo se comprometieran con el trámite de la ley ordinaria, que ojalá tenga un texto corto, claro y comprensible para el ciudadano común, elemento fundamental para que un sistema de salud prospere con el apoyo de la sociedad; para que reine la transparencia y se dificulte la corrupción, que generalmente se arropa con las normas largas y confusas, así como con la profusión de ellas.