Más garantías, menos garantías

Como era previsible, el gobierno, de la mano de sus mayorías en el Congreso, aplicó la aplanadora para aprobar en último debate el acto legislativo que amplía las facultades de la justicia penal militar.

Un grito de corte nacionalista bastó para despreciar las advertencias coincidentes que desde la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Human Rights Watch, entre otros, se lanzaron sobre los peligros de su aprobación. En lo interno, el debate fue arduo, pero se encaletó con la promesa oficial de que “no habrá impunidad” como sello de garantía. Y así, entre abrazos y felicitaciones de congresistas y militares, se celebró esta reforma como reflejo del “aprecio y el reconocimiento que el país siente por sus Fuerzas Militares y su Policía”, según dijo ayer el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

¿Qué colombiano no va a querer que sus militares y policías se sientan reconocidos y bien tratados por la sociedad y por la ley? Ese loable propósito nunca ha estado en duda. De hecho, la inclusión del Derecho Internacional Humanitario como normatividad pertinente para el juzgamiento de los actos de las fuerzas del Estado en medio del conflicto es a nuestro juicio necesaria y bienvenida para esa seguridad jurídica que han pedido a gritos los altos mandos.

Sin embargo, vale preguntarse si las mayores garantías que se les han entregado a militares y policías para enfrentar la guerra no terminarán significando menores garantías para la población civil cuando ellos se excedan. Y hay razones para pensar que sí. Aunque formalmente el propósito no es generar impunidad, son varios los huecos por donde ella se podría colar. Y, como en el pasado se ha colado, las sospechas no son perversas, sino realistas.

Sí, gracias al debate público, quedaron excluidos siete delitos que siempre serán juzgados por la justicia ordinaria: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzoso. Sin embargo —¡vaya, vaya!—, las ejecuciones extrajudiciales —cuya inclusión nos han dicho que es la garantía de que los abominables ‘falsos positivos’ no serán juzgados por la justicia penal militar— no están tipificadas como delito en nuestros códigos. Es decir que, con una medianamente buena argumentación, un acusado de ese horror podrá exigir que lo juzguen sus colegas.

Luce también inútil la excepción de esos siete delitos mayores si la decisión sobre los casos que irán a la justicia ordinaria va a ser un asunto de la policía judicial castrense, que será la que de manera autónoma irá al sitio de los hechos y recolectará la evidencia. Al final, pues, serán los propios militares quienes con esas primeras pruebas habrán de decidir si entra a operar el hermoso andamiaje de una comisión técnica de militares y civiles que definirán las competencias. Como alguien bromeaba, los miembros de esa comisión se aburrirán mucho, porque nunca les llegarán casos.

Un ejemplo muy diciente del peligro que esto implica está en la propia defensa que el ministro Pinzón hizo de la reforma en carta al director de Human Rights Watch Américas, José Miguel Vivanco: presentó cuatro ejemplos de “injusticias” de la justicia ordinaria contra militares y de ellos tres eran típicos casos de “falsos positivos”. Nadie va a pensar que sea cinismo del ministro. Sencillamente, le pasaron la información bajo la concepción castrense de que esos son actos del servicio que bajo el tratamiento de su justicia penal deberían quedar impunes. Bien, bajo esa misma concepción será como se recojan las primeras pruebas.

El daño ya está hecho y solamente queda la esperanza de que, como se nos ha anunciado, la ley estatutaria que se ha de presentar logre tapar semejantes agujeros. Y que con una ordinaria se logre montar una justicia penal militar que no sea subalterna del mando ni parte de las fuerzas. Pero para poder confiar, lo primero que habría que ver es que las alarmas sobre peligros como los comentados aquí no se soslayen con cualquier excusa. No es momento de volver a prender la aplanadora.