Hay que ponerle dique

Si hay una obra en la que se resuma la problemática del país por la deficiencia de su infraestructura y el conflicto entre el ideal de desarrollo y la necesidad de alcanzarlo de manera sostenible, esa es la del Canal del Dique. Un trabajo de ingeniería para navegar por el río Magdalena hacia Cartagena, pero que a la vuelta de cuatro siglos se volvió peligroso escenario para miles de habitantes de las zonas aledañas, quienes hace apenas dos años perdieron allí lo poco que tenían, como consecuencia de un boquete causado por las lluvias.

Desde entonces el Gobierno asumió el liderazgo de una iniciativa para ponerle fin al problema. Dispuso de 1,2 billones de pesos e hizo sinergia con todas las autoridades involucradas en el asunto, a fin de diseñar un proyecto sólido, eficiente, sostenible y, sobre todo, definitivo para la región. No ha sido fácil lograrlo. La sola articulación de ideas entre las comunidades y sus autoridades locales, ya se ha dicho, suele estar acompañada de dificultades por temas conceptuales, intereses políticos o, incluso, desconocimiento de lo que se pretende hacer o dejar de hacer.

El Fondo de Adaptación acompañó a gobernadores, alcaldes y entidades como Cormagdalena y Cardique, y retomó los estudios de la academia —desde los más recientes trabajos de Juan Darío Restrepo y el equipo de la Eafit hasta los que desde hace 22 años elaboraron expertos como el exministro José Vicente Mogollón— en busca de luces para la anhelada solución definitiva.

Los prepliegos para la adjudicación del diseño de la obra están colgados desde agosto y se estima que en dos años ya se habrá iniciado la construcción. Hay líderes políticos y del sector privado que creen que ese es demasiado tiempo y que el tema ya está sobrediagnosticado. Posición entendible si recordamos las dramáticas imágenes de miles de colombianos viviendo literalmente con el agua al cuello como consecuencia de las inundaciones de 2010. Pero la dimensión de la inversión y las implicaciones que esta tiene invitan a la prudencia —que no desidia— en el manejo del tema.

Junto con las obras del jarillón del río Cauca, en Cali, y las de la región de La Mojana, las del Canal del Dique son las que mayor cantidad de recursos concentran en cuanto a prevención y mitigación de los efectos de las lluvias. Desde el punto de vista ambiental también hay que cuidar muchos detalles, pues ya son conocidas las consecuencias de las obras sin previsión en una zona en la que el hombre decidió desecar las áreas de inundación (amortiguadores naturales del río) para ganar espacio en favor de la agricultura y la ganadería, tras lo cual vino la población desordenada.

Hay otros dos aspectos que invitan a la cautela, a la revisión sosegada y, si es el caso, a rectificar el rumbo en aspectos específicos del proyecto. De un lado, la Contraloría advirtió falencias ambientales y de infraestructura en la iniciativa. El estructurador del proyecto cree que estas, en su mayoría, ya fueron superadas y por eso habrá una nueva revisión al tema la semana entrante en Cartagena. El segundo aspecto a tener en cuenta tiene que ver con una tesis que el investigador Restrepo expuso la semana que concluye en Cartagena, durante el foro por el Canal del Dique, que fue promovido por El Espectador, el Canal Caracol, Semana y una alianza de organizaciones sociales. Según Restrepo, los arrecifes de coral de las Islas del Rosario hacen parte de la misma unidad ambiental que el Canal del Dique.

Los arrecifes serían, técnicamente, la parte externa del sistema estuario del Dique. De ser así, la obra debería contemplar también los posibles efectos sobre los corales. Si el país sigue dándose golpes de pecho por la pérdida de una porción coralina en el Caribe tras el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia en el pleito con Nicaragua, mal podría dejar perder una riqueza similar en las islas del Rosario.

Un nuevo ejemplo de que, como decía Napoleón, hay que ir despacio, porque tenemos prisa.