El salario mínimo, lo previsible

Lo que implica, como cuestión lógica, que empresarios y centrales obreras no lograron llegar a un acuerdo final sobre cuánto debe ganar un empleado formal como mínimo para sobrevivir en Colombia. En datos concretos, el alza es del 4,02%, un aumento de $22.779, con una remuneración mínima de $589.500. El subsidio de transporte, que siempre viene en el mismo paquete de noticias, pasó a $70.500, aumentando $3 mil.

No faltan nunca las palabras del Gobierno, que trató (como siempre) de presentar unos datos positivos. El incremento representa un aumento del 1,4% —de acuerdo con la escalada proporcional y prevista para la inflación— en la capacidad adquisitiva de las personas que devengan el mínimo, como a bien tuvo decir nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría. Tampoco faltan las críticas de las centrales trabajadoras, como la de Julio Roberto Gómez, jefe de la Central General de Trabajadores, quien simplemente calificó el monto ofrecido por el Gobierno como “miserable”. Algo que usualmente dicen por estas fechas, y al unísono, los gremios. Y no faltan, por supuesto, los chistes ya muy gastados de la ciudadanía, como decir que el anuncio se efectúa justo en el día de los santos inocentes. Y que por algo será. Lo mismo. Siempre.

Uno de los expertos consultados por este diario nos comentó, de manera muy ecuánime, que el aumento no es miserable, pero tampoco algo muy por fuera de lo que podría esperarse. Paquete de cosas previsibles al cual podríamos agregar, incluso, las reacciones que se tienen ante el anuncio. Y aunque pudiera decirse que los trabajadores sí tienen razones para estar molestos cuando se piensa en el alivio que la reforma tributaria les dio a los empresarios con el tema de los parafiscales, estamos, sin embargo, ante una película repetida año tras año.

Hay que darle otros enfoques a este tema. Porque lo que hacen el Gobierno y los grupos sindicales es apuntarle a un número. Las deliberaciones en torno a él, sin embargo, no están enmarcadas dentro de una política laboral general que sirva para impulsar el empleo y mejorar la distribución del ingreso, tal y como lo dijo Eduardo Sarmiento en estas páginas el pasado domingo. Es un toma y dame, una discusión abstracta que acaso sirve —de forma inconsciente— para desviar el verdadero debate: el empleo en Colombia. Cómo se da, en qué condiciones, quiénes tienen derecho a éste, qué se puede hacer para evitar la marginalidad y el subempleo. Hacia allá deberíamos volcar los ojos, los debates, las preocupaciones de esa ciudadanía que se cree mordaz con sus chistes repetidos.

Porque hablando en términos francos, aunque antipáticos, el trabajo formal en este país es un privilegio al que pocos tienen acceso. Por eso mismo es que un aumento considerable en lo que llamamos el mínimo no afectaría a muchas de las personas que viven del día a día en este país. Y ellas son las más. El enfoque macroeconómico no puede quedarse en qué tanto o no subimos una cifra (pequeña, hay que decirlo, dentro de todo el contexto), sino más bien en, por ejemplo, cómo incluimos la formalización del trabajo y la generación del mismo, cómo logramos la flexibilización de las horas de trabajo e inclusión de la protección social universal, el fortalecimiento del sindicalismo (que generaría diálogo social) y en la vigilancia de los derechos laborales, entre otras.

No más a lo previsible. Es hora de cambiar el foco de la escena si no queremos seguir repitiendo el mismo espectáculo todos los años.