La cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un papel central a jugar. Es una gran oportunidad para acordar con las Farc un ordenamiento del uso del territorio ligado con la calidad de vida de una población rural que debe pasar de las economías ilícitas de la droga y la deforestación, a una nueva legalidad.

Pero más allá de los espacios estratégicos, para los cuales se discute la tenencia de la tierra “con un enfoque territorial”, como dice el acuerdo previo, el tema ambiental presenta grandes oportunidades, siempre y cuando se complemente con un enfoque de equidad. Es decir, balancear en favor de los más desposeídos el difícil equilibrio entre los costos y beneficios de la conservación o la destrucción del medio ambiente. Es lo que en el ámbito académico se conoce hoy como justicia ambiental, que en nuestro país no es solamente elemento del conflicto socioambiental que, por ejemplo, caracterizó a 2012, sino como una enorme oportunidad.

Dicen los estudios científicos más autorizados, como los de Andrés Etter, de la Universidad Javeriana, que cerca del 50% de nuestro territorio acusa una huella ecológica humana entre alta y severa.

El resultado complejo y acumulado de esta situación se manifestó en los cerca de tres millones de damnificados de la pasada aguda temporada de lluvias. Pues bien, la reconstrucción ecológica de gran parte de nuestro territorio puede verse como una gran oportunidad para la generación de decenas de miles de empleos rurales con oficios ligados con la prevención del daño y el saneamiento de la tierra y el agua.

Para ello el Sena podría ampliar su cubrimiento en formación de profesionales técnicos y operarios en restauración ecológica, saneamiento ambiental, gestión de áreas protegidas, ecoturismo, monitoreo participativo, etcétera. Sería una propuesta de economía verde para el sector rural e informal, centrada en la erradicación de la pobreza y la generación de valor público ambiental.

¿Y de dónde vendrían los recursos? Una parte podría ser cubierta por los nuevos mercados verdes; pero la mayoría debería venir de grandes fondos, como el llamado de “adaptación”, del pago por la conservación o recuperación de servicios ambientales, o de los mismos presupuestos de las CAR una vez alineados con la construcción de paz. Para ello se requiere de un cambio de visión.

A la fecha, cuando de inversión en medio ambiente se trata, los decisores piensan primero en grandes obras de ingeniería, consultorías o inversiones a través de organizaciones con altos costos de transacción. Se ha calculado, por ejemplo, que para restaurar ecológicamente una hectárea de tierra se necesita invertir cerca de 10 millones de pesos. Es una respuesta tecnocrática al deterioro ambiental.

Con estos costos, difícilmente la restauración ecológica se podrá medir, como se necesita, en cientos de miles o millones de hectáreas. En cambio, si de construir la paz se trata, es necesario aclimatar propuestas más costoeficientes basadas en la gestión local, con alto valor agregado en las comunidades locales e intensas en la construcción de conocimiento. Algunas de ellas, bajo el nombre de “ciencia ciudadana”, tratan de abrirse paso en los escasos presupuestos del Instituto Alexander von Humboldt, el nuestro de la biodiversidad.

Grandes propuestas audaces e innovadoras, como la paz misma, se esperan del ministro de la cartera ambiental, quien entrenado en lo político debería abrir consultas con quienes más saben del medio ambiente, pero con enfoque de equidad social. Una oportunidad para renovar la opaca gestión ambiental de este gobierno.