El futuro del Parque Tayrona

Dos, en particular: los que quieren proyectos turísticos amables con el medio ambiente y los que creen que esto es una afrenta contra un territorio ancestral y constitucionalmente protegido.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revivió el pasado 27 de diciembre —curiosa fecha, cuando la atención descansa— la posibilidad de que se adelanten trabajos ecoturísticos, como bien se sabe, sobre lo que queda del valiosísimo bosque seco tropical que por ahora sigue siendo patrimonio público. El proyecto, llamado Reserva Los Ciruelos y ubicado en la ribera oriental de Bahía Concha, había sido suspendido porque la ANLA impuso una medida preventiva debido a irregularidades encontradas en la perforación de dos pozos de aguas subterráneas. La empresa Reserva Los Ciruelos, S.A.S., cumplió con su parte y ahora exige el aval para actuar libremente.

Pese a que todo parece haberse hecho dentro de la ley, las suspicacias afloran. En primera medida, porque no se puede entender la desarticulación institucional tan grande que ha habido en torno al Tayrona. No se sabe, a ciencia cierta, qué es lo que quiere hacer el Estado con este territorio. Y eso es injustificable a estas alturas del partido. El Ministerio del Interior emitió un concepto en 2009, la resolución 0631, mediante la cual se le otorgó la licencia ambiental al proyecto (¿qué hace el ministerio de este ramo, de buenas a primeras, concediendo cosas de este estilo?) y dijo sin ambages que en el territorio catalogado como sagrado “no habitaban nativos dentro del área a intervenir”. Increíble. Una cosa distinta opina hoy el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, quien le ha pedido a la directora de Parques Nacionales que emita un concepto jurídico vinculante, dirigido a la ANLA, en el que puedan explicarse y demostrarse las objeciones para una posible revocatoria de la licencia otorgada.

Por ahora parece haberse corregido el camino. La Corte Constitucional emitió un concepto que blinda de toda legitimidad la petición del ministro Uribe. En medio de la presión ciudadana, además, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en Twitter que “el bosque seco no se puede afectar”, dejando en el aire las aspiraciones de la empresa que pretende construir 12 ecocabañas y que, hasta hace poco y por un mero requisito, tenía el aval del Estado. La disculpa ahora para esta absurda contradicción institucional es que la licencia del proyecto se otorgó durante el gobierno anterior, lo cual solamente demuestra la visión tan miope y parcial que se ha tenido frente al Tayrona y su futuro. Al vaivén de los intereses se van tomando decisiones puntuales que dependen de todo menos de lo que obliga en un parque natural nacional.

El futuro del Tayrona, pues, no es un asunto que pueda seguir siendo visto por partes, según lo que pidan los constructores privados en cualquier momento, como si un todo vulnerable, público y nacional no estuviera en juego. Hoy es este proyecto, mañana el de Six Senses, que está avanzando. Y el debate no puede quedarse en si es viable hacer o no turismo ambiental, que esta empresa bien puede saber hacerlo y Six Senses ciertamente lo sabe hacer. El debate real está en la propiedad del parque. Lo que realmente está en juego es la Constitución Política, el Convenio de Diversidad Biológica y la certeza de que el uso público se puede hacer por medio de visitas controladas. Este lugar sagrado es de una naturaleza única: es inembargable, inalienable e imprescriptible. Mucho más allá de sus indígenas y su biodiversidad. Esto es algo que, insistimos, muchos parecen desconocer.