El verdadero caso

 El país lleva dos años siendo testigo de lo que sucede alrededor, al mejor estilo de una telenovela. La justicia se ha mediatizado tanto que las personas envueltas en ella —los antes llamados “sujetos procesales”— se vuelven famosas, como si se tratara de otra cosa: desde los abogados que salen a dar declaraciones cada vez que quieren tener un micrófono enfrente, hasta los acusados, que residen en el ojo público como culpables, pese a que el juicio esté en una etapa preliminar. Así es la cosa.

Llevamos, pues, un tiempo muy largo siguiendo un caso con elementos desconocidos, un despliegue grande que se ha prestado para sacar a relucir de forma deplorable muchos personalismos y enfrentamientos con la prensa, que, lo hemos dicho, está para informar y para que la ciudadanía se forme una opinión. Pero, ¿qué sabemos a esta altura? El proceso dio una vuelta completa y hay que empezarlo desde cero: Jessy Quintero, quien fue acusada de encubrir el asesinato, fue aceptada posteriormente como una de las víctimas; a José Wilmer Ayola y Jonathan Martínez, dos de los testigos, no les bajan el apelativo de mentirosos; Jesús Alberto Martínez Durán, el más estelar de todos ellos, fue calificado como testigo falso. Seguramente seguiremos viendo más cosas de este estilo.

Mientras al país se le va el habla y la tinta indagando cada uno de los vericuetos de este proceso, aún no se ha hecho la pregunta fundamental: ¿qué nos dice todo esto a un nivel más general? En primera medida, está la Fiscalía. El ente investigador quedó bastante mal parado en estos momentos, ya que todos sus testigos se cayeron por su propio peso. Es decir, poco o nada se ha hecho para esclarecer los hechos de esa noche de 31 de octubre de 2010 en la que Colmenares murió. ¿Cómo puede dejarse meter la Fiscalía estos goles? Una vergüenza similar vivió con el caso del exdiputado Sigifredo López, quien salió ileso a la acusación nada decorosa de que había sido cómplice del secuestro que, a manos de las Farc, vivieron sus excompañeros. Si bien resultó positivo —y mucho, ya que persistir en un error es la peor de las conductas— que en el llamado caso Colmenares se depuraran las instancias y se declararan falsos los testigos, no deja de ser abrumador que eso suceda y se revele después de dos años. ¿Qué pasa en la Fiscalía entonces?

En segunda medida, está el despliegue, o mejor, la respuesta que se da a ese fenómeno mediático. La justicia no puede dejarse contaminar porque haya información sobre un caso o porque se forme la opinión pública en torno a él. Tampoco puede hacerle la guerra a los medios, como si éstos no tuvieran el deber de informar un caso que es de interés de todos. La justicia debe ser independiente en su labor.

Lo del caso Colmenares, más allá de un análisis de los pormenores de lo que sucedió en las salas de los juzgados, más allá del drama de la familia de la víctima y mucho más allá de lo que una persona en particular pueda pensar, se trata de un mal del sistema —cultural, de investigación, judicial— que nos es revelado mientras comentamos en los pasillos lo que para el resto de los colombianos es un vulgar chisme. El verdadero caso es ese. Las preguntas del proceso están abiertas, sí, pero deberíamos mirar más hacia el fondo para saber lo que está realmente mal.