Las leyes inútiles

La gran mayoría de ellas queda en la oscuridad, en la inaplicabilidad, en la historia de lo que no sirvió. De esta forma se van llenando inútilmente los códigos, las estanterías, los archivos e, incluso, las demandas de constitucionalidad que los ciudadanos adelantan contra ellas. Desde una perspectiva enteramente liberal, una ley inútil traba el desempeño de un sistema jurídico y hace mucho daño. A todo nivel, desde el operador jurídico, como el juez que las lee y que podría aplicarlas a algún caso, hasta el retraso de proyectos necesarios que un legislador tenga ganas de adelantar en el Congreso.

El miércoles de esta semana el presidente de la República, Juan Manuel Santos, avaló la propuesta de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, para que se vayan derogando sistemáticamente las leyes que son inútiles para este país. El presidente dijo que esas leyes eran anacrónicas y obsoletas y que entorpecían a la justicia.

Un nuevo intento por simplificar las normas que no sirven, pero existen, y que dificultan la interpretación correcta del sistema como un todo. Entre los años 2006 y 2009 cursaron dos proyectos que pretendían hacer la simplificación normativa, pero el término para llevarlos a cabo se venció. El mismo Santos lo ha propuesto en ocasiones anteriores y esta vez parece que hay muchas más ganas para que desde el Ejecutivo se realice una tarea de depuración efectiva. 150 leyes hacemos por año, en este autodenominado “país de leguleyos”. ¿Necesario?

El Gobierno piensa hacer una sumatoria de esfuerzos (que vayan desde lo institucional hasta el sector académico) para que la sistematización de dichas leyes se haga en el menor tiempo posible. ¿Cuáles problemas pueden verse con esta propuesta? El principal es el más obvio: conformar un equipo, que le cueste al Estado, como le costará, para que mire cuáles leyes ya no se usan. Si no se usan, ¿para qué buscarlas y para qué gastar el aparatoso esfuerzo de derogarlas? Sonaría como a esfuerzo en vano, a arar en el viento.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es insoslayable: poner la casa en orden. El argumento liberal de que una ley inútil cuesta es cierto. Las contradicciones que puede haber en nuestro sistema jurídico por el efecto de una norma vetusta son incalculables. Los beneficios de este esfuerzo son otros: que la infinidad de normas sea reducida para que así (como se ha hecho en otros países) el ciudadano pueda tener conocimiento de las verdaderamente importantes, para que la múltiple existencia de normas no genere confusión en los operadores jurídicos, por sólo citar unos ejemplos.

El esfuerzo, además, podría ser importante para analizar cosas: qué tipo de normas ya no le sirven a la sociedad, qué obstáculos jurídicos se han superado, qué derecho es el que se necesita en Colombia.

Una ocasión más para depurar el sistema jurídico y organizarlo está a la vuelta de la esquina. Con esfuerzos conjuntos se podrían sacar, incluso, provechos insospechados.