El nuevo plan

Bajo ese eufemismo se disfraza la realidad jurídica que 40 parlamentarios firmaron para reformar la manera en la que son juzgados. Con un poco de suspicacia se puede decir, incluso, que es una norma usada como válvula de escape de la justicia a la que pueden ser sometidos. Y, sobre todo, como un intento más para conseguir los beneficios que se hundieron, para el bien de Colombia, en la fallida y esperpéntica reforma a la justicia que escandalizó a medio país el año pasado.

Tiene objetivos nobles, sin duda. Pero tan sólo eso. Las metas se diluyen en la medida en que las normas se van materializando. Veamos. Busca tomar medidas de control interno contra las malas prácticas que suceden dentro del Congreso, plantea propuestas como el traslado de competencia de los entes encargados, entre otras. Lo primero y más diciente es que quieren escapar a la amplia sombra del poderoso procurador, Alejandro Ordóñez. ¿Cómo? El parágrafo del artículo 3 del proyecto es claro: “corresponde a las comisiones de Ética y Estatuto del Congresista, el ejercicio de la acción ética-disciplinaria contra los senadores y representantes”.

Esto último implica, en términos prácticos, que la Procuraduría sólo podrá investigar disciplinariamente a las mesas directivas del Congreso por actos administrativos o de ordenamiento del gasto o por algunos delitos allí tipificados. De igual forma, reduce las sanciones: de 20 años, como estábamos acostumbrados según la pluma de Ordóñez, a multas y sanciones de seis meses.

El problema de la relación procurador-congresistas es uno de diseño institucional, sobre todo. Pero no por eso la figura disciplinaria debería ser reducida en su capacidad de gestión, sino mejor, pensamos, en su forma de elegirse (y, además, de reelegirse). Suena bastante extraño que un funcionario sea elegido por aquellos a quienes va a juzgar. No tiene mucho sentido práctico: es una norma que, de rebote, genera alianzas macabras, intercambio de favores (tú me eliges, yo  te juzgo en consecuencia), que podrían poner en gran duda ese deber de “infidelidad” que debe tener un juez común. Y Ordóñez ha dejado clarísimo que en el Congreso le temen. Eso, ciertamente, no puede seguir así.

Sin embargo, la propuesta del Código de Ética lo único que hace es escapar a una sombra y cobijarse dentro de lo que podríamos llamar una latente impunidad. La competencia quedaría en cabeza de la Comisión de Ética. Una de esas comisiones del Congreso que, al igual que la de Acusación (llamada, con razón, “de absolución”), son bastante inoperantes. Una reforma interna es necesaria, pero no así. Así es un descaro.

Pero hay más. Casi como una reedición de la reforma a la justicia, se propone que  la pérdida de investidura, hasta ahora en manos del Consejo de Estado, pase a una de estas comisiones que ostentan una legitimidad bastante reducida. No puede ser,  parece un mal chiste y no una realidad política que se va a discutir en nuestro foro democrático.

Como siempre, pedimos que en el Legislativo se esté un poco más a la altura de las circunstancias. El debate es necesario, pero debe ser serio. Con un diseño institucional que no sólo respete el sistema de frenos y contrapesos de un Estado como el nuestro, sino que también pueda ser eficaz, probo, con todas las de la ley, previendo un margen de error mínimo que no se preste para el surgimiento de nuevas malas prácticas.

Que no crean los congresistas que porque ya pasó un tiempo desde la reforma a la justicia, la ciudadanía no va a estar atenta a una jugada de esta índole. No más eufemismos, por favor.