¿Discriminación o expresión?

La ley, pese a que es bastante dura en el tono (y profusa, también), no tiene los dientes suficientes, tal y como lo dijimos en un informe de este diario hace aproximadamente un mes. Ha pasado el tiempo y las sanciones no se han visto. Parte de ello, decíamos, se debía a que jueces y fiscales no conocían, siquiera, que una regulación de este estilo existía en el país. Teniendo en cuenta que la ley está escrita en términos bastante amplios y que el derecho penal debe estar más bien redactado en palabras inequívocas, nos preguntamos si esto ha sido positivo o no.

El procurador se sumó a una demanda, la del abogado Víctor Velásquez, quien cree que la ley es inconstitucional por ordenar cárcel a personas que apenas están expresando sus convicciones políticas, ideológicas, religiosas o morales. El procurador secunda diciendo que la aplicación de la ley podría cortar otros derechos, como la libertad de expresión. Y en la demanda se citan partes de la Biblia, como si no viviéramos en un Estado laico de pleno siglo XXI. Las razones que se dan no convencen.

Al margen de esto, hay que dejar claro algo: discriminar es un acto deleznable que debe estar proscrito de nuestra realidad como sociedad. El debate frente a la libertad de expresión, la batalla entre una cosa y la otra, debe inclinarse, obviamente, en limitar el derecho para evitar la discriminación. Así lo establece, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero hay que tener cuidado a la hora de regular esta prohibición, porque un Estado como el nuestro podría caer en graves casos de censura. Así como la discriminación es sutil (o se ha vuelto, mejor), los actos para prohibirla deben ser redactados con tacto, sin cometer injusticias graves.

No toda palabra, no todo acto, no todo discurso debe ser proscrito de una sociedad. Es más, muchas veces, incluso, hay que ampliar los mecanismos democráticos para que esa clase de discursos sean combatidos por medio de argumentos y no de prohibiciones y cárcel. En materia política, por ejemplo. Penalizar la discriminación por razones políticas e ideológicas (como lo hace esta ley) abre la puerta para que las demandas, amparadas en el buen nombre y la honra, o, mejor, en la discriminación misma, se disparen y hagan que políticos y ciudadanos empiecen a callar por el miedo a la represalia legal. Recordemos, nada más, lo que fueron para la opinión las demandas que se interpusieron en su momento contra los columnistas Claudia López o Alfredo Molano. Ese no es el país ideal.

La discriminación debe evitarse, sí. Hace falta una Ley Antidiscriminación. Los grandes partidarios de esta norma hacen bien en descartar la principal crítica en su contra, que es absurda: que la ley va a penalizar a todo el país por cualquier clase de comentario. Pero a la hora de regular y, sobre todo, de castigar, hace falta mucha más precisión. Y muchos más elementos de impacto social. Absurdo es pretender erradicar con la cárcel una conducta tan arraigada en la sociedad. El elemento punitivo luce desproporcionado y en todo caso debe estar acompañado de otras medidas que ayuden a subsanar las diferencias. Y eso sólo se logra dando voz, ampliando las libertades de las minorías, poniéndolas en los escenarios de los derechos.

El debate está abierto y sería oportuno reevaluar una ley que, además de no haber servido mucho, podría ser bastante peligrosa a la hora de aplicarse ligeramente. Antes hay que saber con lujo de detalles qué es discriminar y en qué consiste.