La tierra en Colombia ha supuesto una infinidad de problemas que aún no han sido resueltos. Se han sacado leyes, se han pronunciado discursos, se han sanado algunas heridas, pero el embrollo está vivo. Es por ese gran lío que las conversaciones de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos se demoraron tanto en su etapa inicial: debía acordarse “el tema agrario con enfoque territorial”. Es decir, la tierra.

A lo largo de este proceso se vieron tropiezos más que todo discursivos: unos pedían que no se pateara la mesa, mientras los otros respondían que los diálogos estaban empantanados. Al margen de esta realidad, que generó de todas formas un impacto en la opinión pública, las conversaciones siguieron su curso. Y eso resulta positivo. Tanto así que Humberto de la Calle, el representante del Gobierno en La Habana, ya salió a decir que habían pasado de las meras aproximaciones a un acuerdo de desarrollo rural profundo. Después de casi cinco meses de discusión y seis etapas de diálogo se puede ver una luz. Lo cual indica que, pese a la guerra, y a las críticas ancladas en decir que es el colmo que ésta continúe, sí se puede llegar a un acuerdo final.

De la Calle afirmó que se ha avanzado en varios frentes. Tres, básicamente: el diseño de programas e instrumentos de recuperación de tierras de manos de ilegales, el acceso por parte de campesinos que las poseen de una forma precaria y la actualización del catastro rural para saber verdaderamente cuál es el estado de la tierra en Colombia. Todos ellos puntos fundamentales para poder hablar del agro en el país. Sobre todo, pensamos, debería empezarse por el último de ellos: desde hace 42 años no tenemos un censo agropecuario en Colombia. El país que medimos hace cuatro décadas ha cambiado drásticamente. ¿Cómo podemos adelantar una sola política pública sin saber de antemano, digamos, el estado de las cosas?

Los consensos son un buen indicio. Demuestran dos cosas: lo primero, que pese a las posiciones tan disímiles que se cree que hay entre las partes, encontrar un punto común es posible. Lo segundo, lo repetimos, que la guerra continuada no fue un obstáculo. Dos efectos que deberían hacer pensar a la ciudadanía.

Un primer paso cumplido al que deben seguir otros igual de importantes: la desactivación del narcotráfico (si la tierra es la causa de la violencia, el tráfico ilegal de drogas es el que pone la gasolina para que ésta perviva), las salidas jurídicas para los jefes guerrilleros, la desmovilización de los combatientes y la finalización del conflicto armado como concepto. ¿Será posible en un futuro cercano? Ya se han generado ciertos aprendizajes. Ya se ha cedido para llegar a un punto común. Falta, entonces, mecanizar el proceso para que se llegue a la meta final, paso a paso.

Se siente que las cosas marchan bien. Tal y como lo hemos repetido en este espacio varias veces, el Gobierno debe aceitar su oxidado Ministerio para el Diálogo Social, con el fin de que la ciudadanía pueda blindar de legitimidad a este proceso si así lo estima conveniente. Pero debe conocerlo y sentirlo antes. Sin duda, ese es el único elemento faltante.