Defender la sociedad

El presidente Juan Manuel Santos dijo no hace poco que la libertad de expresión es “una de las libertades más importantes para el sostenimiento de una sociedad democrática”. Tiene razón el presidente en su lógica discursiva.

Es por eso que los esfuerzos de la diplomacia colombiana deberían estar encaminados a defender, de manera inequívoca, la labor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que algunos países del hemisferio quieren limitar, dejándola en nada, cuando ha hecho una labor necesaria y prominente dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que hace parte.

Cortapisas, digamos, que la convertirían en un ente inútil. En lo que soñó algún gobierno autoritario. Porque harto ha hecho esta Relatoría para defender la libertad de expresión a través de los medios que tiene a la mano, esos mismos que hoy se pretende recortar de varias maneras: acabando la autonomía y financiación, haciendo más difícil la petición de medidas cautelares, imponiendo un código de conducta (increíble) para decirle qué es de su resorte y qué no, plazos más cortos para los peticionarios, entre otras medidas absurdas. Una, en especial, nos parece descarada: que se olvide el capítulo especial del informe anual que hace la CIDH sobre los países más preocupantes. De esta forma no se individualizarían los países, sino que se haría un informe periódico sobre todos ellos.

Lo que comenzó como la sugerencia echada al aire de unos países terminó en un debate hondo que se realizará el 22 de marzo próximo en la OEA, con todo y que la Sociedad Interamericana de Prensa se opuso en un comunicado publicado el día sábado. Pero insisten. Y de qué forma.

Todo inspirado en la lógica de sus promotores, que tienen nombre propio: el gobierno de Ecuador y el de Venezuela. Se hace lobby, se ejerce presión, se tienen conversaciones por debajo de la mesa, Unasur se mete. Y más: se plantean cosas como que, si no se llegara a un acuerdo sobre las limitaciones, la Asamblea General pudiera abrir un camino para que se haga una reforma a la Convención Americana de Derechos Humanos con un plazo abierto hasta el segundo semestre de 2014. Una especie de “combinación de todas las formas de lucha” que puede tener un éxito inusitado.

El panorama, al día de hoy, se ve bastante complejo. Esta realidad, a su vez, luce como un desconocimiento de la labor de la CIDH, uno de los pocos órganos internacionales que sirven para incomodar las acciones de gobiernos que violan derechos humanos. El último recurso de muchos ciudadanos de a pie. Un símbolo que ha llevado a que los estados pidan perdón por sus errores. Con las reformas se afectarían los poderes de la Comisión, la Corte y el Sistema Interamericano en general. Todo por un capricho de sus malquerientes. Y no. Así no es como se construye la democracia ni las responsabilidades internacionales.

Ya los académicos se han unido: de hecho, ayer se publicó un documento en el que 135 de ellos explican cómo esta reforma es inconveniente en términos puros de derecho internacional. Ojalá esa mirada desprovista de los juegos de intereses de la política tenga algún impacto y sirva para hacer conciencia y parar esta dura maquinaria que pretende cambiar unas reglas de juego indemnes desde 1959.

Depende de gobiernos, abiertos a que los tilden de traidores (pero de democráticos, al final), que las iniciativas no tengan cabida. Vamos a ver qué pasa en las dos semanas que quedan para que esto ocurra. Se podrá saber quién es quién o qué está dispuesto a hacer por la defensa de los esquivos derechos humanos.