Lo que la muerte se llevó

El nombre de Carranza nunca dejó de resonar en los oídos de los colombianos. Fa moso a nivel nacional por haber acabado con la llamada “guerra verde” que azotó a Boyacá hace poco más de 20 años, su nombre también estuvo íntimamente asociado al crimen organizado. El legado de paz que algunos han querido pintar desde su muerte, no era, de hecho, la convivencia sino más bien la imposición de la fuerza por la violencia.

La característica que se nos antoja más prominente de Carranza fue que, pese a las múltiples acusaciones y cabos unidos que terminaban en su nombre, nunca fue condenado. Vivió a plenitud, podría decirse, sobreviviendo no sólo a la violencia que lo atacó (salió ileso de varios atentados) sino también a la mano de la justicia: por lo menos 10 grandes jefes paramilitares dijeron en versiones libres de Justicia y Paz que Víctor Carranza era uno de los principales creadores y financiadores de las autodefensas de los Llanos Orientales. Pero la justicia se demoró, por decir lo menos, y nada se avanzó. Ahora está muerto.

Estuvo detenido, sí, entre 1998 y 2001, en Aquimindia, un centro de entrenamiento para agentes del DAS, pero fue absuelto tiempo después por una jueza que lo dejó en libertad. La sentencia: inocente. Antes bien, el Estado terminó pagándole, pues Carranza ganó una demanda que interpuso por dicha detención. A plenitud vivió, insistimos. Sólo el cáncer logró tocar a este controversial hombre que vivía con la sombra del crimen rozándole la espalda.

De acuerdo con las declaraciones que han dado de forma dispersa diferentes jefes de las autodefensas (alias Vladimir, alias Ponzoña...), Carranza fue, por ejemplo, uno de los financiadores del entrenamiento que dio el mercenario israelí Yair Klein al paramilitarismo colombiano. Un grupo de delincuentes armados que protegían corredores de droga se hacía llamar (¿por qué será?) Los Carranceros. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, rebautizó a Carranza como “el Zar del Paramilitarismo”. Aceptó, incluso, que tenía grupos de defensa privados (aunque legales, aclaraba con candidez). Y de esta forma, de cable de embajada gringa en confesión de jefe paramilitar, de relatos de personas en María La Baja a denuncias de congresistas, Víctor Carranza estuvo enmarcado en una imagen muy difícil de eludir. Levantaba sospechas, por decir lo menos.

¿Y la justicia? No podríamos ir tan lejos y condenar a Carranza por sus actos. No somos jueces. Pero vaya si su muerte con ese entorno y sin resultados por parte de la justicia es negativa para el país: ¿Todas esas acusaciones dónde quedan? ¿Qué va a pasar con los procesos en curso? ¿No merecía el país saber si Carranza era culpable o inocente? ¿No se lo merecían las víctimas de las autodefensas? ¿La impunidad, entonces? Eso parece. Ya ni sus bienes se pueden embargar.

La muerte de Víctor Carranza se lleva a un hombre cuestionado y una historia que no tendrá verdad; pero al país le deja una responsabilidad mayor: de los entes de control, de los jueces, de la Fiscalía, de los políticos que le hicieron el juego, de algunos medios que callaron ante su poderío. Esa es la verdadera lección que nos deja esta muerte, nada prematura por demás. En un país serio, un hombre que despertara tanta controversia y sospecha habría sido condenado o absuelto de toda duda y limpiado su nombre.