¿Cuento chino o estrategia?

Hace algunos días apareció en la revista Semana una sugestiva tesis de la excanciller Noemí Sanín y el abogado Miguel Ceballos sobre las supuestas “claves” de la derrota de Colombia ante Nicaragua en la Corte de La Haya.

En líneas generales, según los autores, la cercanía de la jueza china, Xue Hanquin, con el embajador nicaragüense en La Haya, Carlos Argüello, y el hecho coincidente de que una empresa de ese país, Xinwei, tiene interés en la construcción de un canal interoceánico en territorio nicaragüense, “torcieron” la decisión, en un aparente complot internacional de tráfico de influencias. Sugieren los autores, además, que como Argüello aseguró antes del fallo que el interés de Colombia era impedir la construcción del canal, allí se presentaría un hecho nuevo que no conocía la Corte y se cumpliría la única causal para solicitar formalmente la revisión del fallo.

Todo suena a “cuento chino”. Sin embargo, El Espectador ha podido determinar que esa tesis fue evaluada a profundidad por el grupo de abogados nacionales y la firma Volterra Fietta, contratados por el Gobierno para que recomendaran rutas de acción frente al fallo. Y que habrían encontrado más elementos, entre ellos, que hace un par de años el secretario general Philipe Couvreur otorgó un contrato para la ampliación de la sede de la Corte a una firma conectada con el conglomerado chino que construiría el canal. También, que Couvreur es —como la jueza china— amigo de Arguello y del juez mexicano Bernardo Sepúlveda, y que los tres operan un poderoso consorcio que hace lobby para intermediar en contratos internacionales.

Con estos elementos la estrategia sería irse de frente contra la Corte, recusando, planteando el hecho sobreviniente y exponiendo un escándalo mundial. Sobra decir que se trata de una movida muy arriesgada, que podría terminar en otra salida en falso de las varias que se han dado en este caso, pues las bases son bien discutibles.

Primero, el fallo no era necesario para un eventual canal interoceánico. La Corte definió soberanía sobre Zona Económica Exclusiva y, de acuerdo con la Convención sobre el Derecho del Mar, en esas aguas “todos los Estados... gozan… de las libertades de navegación y sobrevuelo” (art. 58). Afirmar que el fallo era necesario para que los buques pudieran llegar, o hacer fila, a la entrada del canal, es falso, o ¿por qué Panamá no ha necesitado que le adjudiquen espacios marítimos para que los buques pasen por su canal?

Segundo, es débil el argumento de que el proyecto es un hecho nuevo, cuando desde 1917 la Corte Centroamericana de Justicia ya hacía referencia a la eventual construcción de un canal por Nicaragua.

Tercero, los impedimentos y recusaciones no existen en el ordenamiento jurídico que regula los procesos en la Corte. Para evitar cualquier tipo de desequilibrio se nombran jueces ad hoc. Cada Estado que no tenga juez de su nacionalidad puede ejercer este derecho, como lo hizo Colombia con el juez canadiense Yves Fortier durante las excepciones preliminares y con el francés Jean-Pierre Cot en el fondo del asunto.

Eso sin entrar a preguntar cómo se va a demostrar que la jueza china logró “cuadrar” a 15 jueces autónomos, más los ad hoc. Y más cuando al mismo tiempo, en su declaración, la jueza Xue criticó el procedimiento en tres etapas usado para delimitar la frontera, es decir, estuvo a favor de Colombia.

Desde el momento en que se conoció el fallo hemos presenciado un torpe afán del Gobierno para explicar de diversas maneras la pérdida de este litigio en un tribunal internacional. Es urgente saber si el camino que tomará el país es este que se plantea y, claro, que se nos demuestre que estamos ante una estrategia seria, sólida y sustentada, y no ante lo que parece: un “cuento chino” para, de nuevo, excusar la derrota. Los términos se acercan a su fin, no caben más especulaciones, no hay justificación a más silencio.

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