Ciudad Bolívar ha sido el centro de atención de los medios de comunicación durante los últimos años, debido a los enfrentamientos entre grupos de delincuencia común y grupos al margen de la ley —paramilitares y guerrillas— que llevaron a que los índices de violencia se dispararan. Los jóvenes, que son el núcleo social más vulnerable, tuvieron que huir de sus colegios y hogares para engrosar las filas de la guerra. En ese afán por registrar los hechos noticiosos, todos contribuimos a que se construyera un imaginario en el que lo violento reemplazaba cualquier iniciativa de paz y convivencia.
En la actualidad, dado que los grupos de paramilitares que patrullaban los territorios en su mayoría se desmovilizaron y el accionar de las guerrillas, en algunas zonas, fue neutralizado, los casos de violencia disminuyeron y con éstos el interés sobre la situación de la que es, según los términos de la administración distrital, “una zona crítica de la ciudad”. Como tuvo la oportunidad de establecerlo El Espectador, aun si los enfrentamientos por el control de territorios y recursos cesaron, otras bandas delincuenciales persisten en reemplazar a las autoridades legítimamente constituidas e imponer un determinado orden, patrullando las calles en búsqueda de los “niños malos” que habrán de ser “ajusticiados” sin ninguna explicación.
Todo lo cual reviste una inaudita sensación de sinsentido. En Ciudad Bolívar habitan cerca de 700.000 personas y el 76 por ciento de los hogares que la conforman se sitúa debajo de la línea de pobreza, el 25 por ciento vive en la indigencia, la cobertura en educación —pese a los esfuerzos adelantados con éxito por la administración de Luis Eduardo Garzón— no llega al 75 por ciento y sólo el 26 por ciento de las personas tiene asegurado el acceso a la salud. Junto a la zona de Altos de Cazucá, por lo demás, Ciudad Bolívar recibe el 46 por ciento de las familias que llegan al Distrito en condición de desplazadas.
Si los grupos violentos —bandas de paramilitares que ya no tienen una vocación antisubversiva como sus antecesoras, pero continúan ejerciendo un control social a partir de las armas y la delincuencia— reclutan jóvenes en Ciudad Bolívar por un costo de 500.000 pesos, lo hacen también porque les es más fácil amedrentar y presionar una población vulnerable que no ha recibido la atención política que requiere de parte de quienes detentan el poder.
No basta con que los medios de comunicación, de tanto en tanto, registremos las historias de estos bogotanos a los que la guerra parecería acecharles por motivos de azar. La realidad es otra: los problemas ambientales que derivan del río Tunjuelo y sus inundaciones, los fétidos olores, el transporte informal que cubre sus rutas, a un elevado precio y en reemplazo de las obligaciones de un deficiente transporte regular, la insatisfacción de sus necesidades básicas y el hecho de ser el lugar de asentamiento para los marginales, son todas características de una injusta situación que no se remediará con más Policía y Ejército.
En este su aniversario, Bogotá habría de ocuparse realmente de los problemas que enfrenta una de las localidades con mayor pobreza de la ciudad. De lo contrario, la degradación del conflicto, que se expresa hoy en esa “limpieza social” que practican los que deciden quién sale y hasta qué horas, al tiempo que controlan el mercado ilegal de la droga —quién vende y en dónde— y ajustician a los que consumen —de ahí lo sucio de su “limpieza”—, seguirá siendo parte de la cotidianidad de la periferia bogotana.