Cesa la justicia, no así el delito

El presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, reitera, en nombre de los 40.000 servidores judiciales que cesaron sus actividades, su intención de exigir una nivelación salarial que obedezca al criterio de equidad establecido por la Ley 4ª de 1992. Más polémico aún, insiste en el tema de la estabilidad laboral para los funcionarios provisionales de la Rama Judicial a los que les espera un examen para hacer parte de la carrera administrativa.

Asonal pretende que el Gobierno, a través de una reforma constitucional, permita que aquellos funcionarios provisionales de más de tres años puedan ingresar a la carrera judicial sin presentar las pruebas que, según los representantes de Asonal, el Gobierno ha debido exigir hace más de 10 años. El Gobierno argumenta, con razón, que la dirección de la carrera judicial (y la administración de las pruebas, en particular) corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.

En las fallidas negociaciones llevadas a cabo el viernes último, el Gobierno ofreció al sector judicial una suma de 66 mil millones de pesos. Previamente, los ministerios del Interior y de Hacienda habían planteado un desembolso de 50 mil millones. Se espera que la semana próxima, en una nueva reunión, alguna de las partes ceda en sus pretenciones. La Sala Administrativa de la Judicatura ha dicho, a su vez, que el tema de los concursos de méritos constituye un inamovible y desde ya ha anunciado que estudia la posibilidad de no cancelarles los salarios correspondientes al mes de septiembre a los funcionarios en paro.

El tema de la nivelación salarial es complejo (las pretensiones pueden ser vistas como exageradas) y debe ser estudiado por el Gobierno. En el tema de los concursos, el Gobierno hace bien en no ceder. Pero más allá de estas discrepancias, lo cierto es que la rama encargada de combatir la impunidad, la está fomentando.

Verdad de Perogrullo, la justicia para y no así el delito. Procesos judiciales cuyos términos vencerán y tutelas sin fallos que impedirían la violación de derechos fundamentales son sólo algunos de los escenarios en los que la justicia estará ausente. Tardía, en ese sentido, ha resultado la decisión de crear 12 jueces de tutela de competencia múltiple y 20 jueces de garantías y conocimiento para los derechos fundamentales por parte del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Antonio Giraldo Castaño.  

Por si la situación no fuese lo suficientemente preocupante, según cifras del mismo Consejo Superior, el paro le ha costado al país más de 70 mil millones de pesos. La congestión en la Rama Judicial, que también hace parte de los temas en discusión, crece con el cese de actividades. Cerca de 11 mil audiencias han sido aplazadas y no menos de 35 mil casos han quedado sin fallos en estas tres semanas.

Si no se llega a un acuerdo, y pronto, las consecuencias pueden ser devastadoras en un país donde la justicia, más que cualquier tema, está en el centro del debate nacional y en la mira de varios estamentos internacionales.