La decisión es apelable ante el Consejo de Estado, de quien depende, en última instancia, el futuro de la alcaldesa y los miles de cartageneros que la apoyan y le han manifestado su solidaridad. “Mariamulata”, que es como se le conoce a la mujer que logró, y contra todos los pronósticos, llegar al poder en una ciudad asediada por la corrupción y las malas prácticas políticas, hizo posible que el imaginario que pretendía que los sectores populares no tuviesen voz ni poder alguno, llegase a su fin.
Desde que inició su mandato, y en medio de tumultuosas relaciones con el Concejo de la ciudad y los políticos locales más tradicionales, la alcaldesa ha hecho énfasis en la necesidad de incluir, en el crecimiento económico, a esa otra ciudad que no disfruta del turismo y la vasta vida social que transcurre entre murallas, hoteles, restaurantes y centros de convenciones. El marcado énfasis en vivienda y educación que le ha dado a su programa de gobierno, el cual habrá que medir y supervisar a partir de veedurías ciudadanas, le ha permitido contar con el apoyo de una porción de la ciudadanía que no desea que por cuenta de una batalla política con los de siempre, la posibilidad de un cambio real y no retórico se trunque.
Y es que con anterioridad al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar se hablaba ya de la posibilidad de una batalla judicial que, de la mano del ex candidato a la Alcaldía, Juan Carlos Gossaín Rognini, a quien la “Mariamulata” aventajó en las urnas por más de 45 mil votos, intentaría rebatir la voluntad del pueblo.
La demanda, interpuesta por Gossaín Rognini aduciendo la inhabilidad para ocupar cargos públicos de parte de la candidata Judith Pineda en razón a que su esposo, Arturo Zea Solano, fungía antes de las elecciones como defensor del pueblo en Bolívar, desconoce el concepto de la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar para quien los defensores regionales no ejercen autoridad ni administrativa ni civil. El esposo de la alcaldesa, aunque ocupaba un cargo público, no tenía el poder para contratar, nombrar, remover, trasladar o sancionar a sus empleados; su poder, en esencia, era un poder moral que en principio no daría pie a una inhabilidad.
Otra cosa estimó el Tribunal Administrativo de Bolívar, cuya sentencia, redactada por el magistrado Javier Ortiz del Valle, se pregunta si las funciones antes descritas serían las únicas que darían pie a que un defensor regional se desempeñe como autoridad civil. En su opinión, y así lo dejó consignado en la sentencia, existen pruebas que denotan que el esposo de la alcaldesa sí ejerció una autoridad civil. Y ello aun, paradójicamente, si sus funciones en realidad no tienen ningún carácter de mando o de orden, y el poder real para ejercer autoridad civil reposa en el Defensor General del Pueblo.
A pesar de que existe el antecedente del esposo de la defensora regional del Huila, al que en tanto que alcalde municipal la justicia administrativa ya le avaló la elección, lo cierto es que el concepto del procurador delegado, Alberto Vélez Baena, no obliga al Consejo de Estado. De confirmarse la inhabilidad, y con ella la criticable decisión de parte del ex candidato de llevar hasta la argucia jurídica la incapacidad para aceptar que perdió en franca lid, se le estaría dando la razón a quienes estiman que la “Mariamulata” tendrá que hacerle frente por más tiempo a una rancia clase política que se niega a dejar el poder.
Si el Consejo de Estado no anula la sentencia, Cartagena tendría que volver a las urnas. El candidato perdedor, quien ha recibido el apoyo del ex alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, tendría una nueva posibilidad de competir por el poder. Las 115.000 personas que el 28 de octubre de 2007 optaron por la “Mariamulata”, a su vez, se verían obligadas a repetirle su apoyo en caso de que su participación esté garantizada.
Más allá de la pelea jurídica, que en realidad “se veía venir”, lo rescatable de la confrontación está en la manera como los cartageneros –no todos, pero sí algunos– se han movilizado a favor de su alcaldesa. Es más, independientemente de la persona de Judith Pinedo, lo que queda claro es que la apatía tradicional del pueblo cartagenero frente a los temas políticos, cultivada por años de corrupción y desdén hacia las clases populares, ha derivado en una preocupación real por la posibilidad de un cambio.