Lo primero que dijo el comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Flórez, fue que los cadáveres hallados se encontraban en dos fosas comunes debido a que, tras ser llevados a la morgue, la falta de espacio obligó a que se les enterrara. Como nadie los solicitó, pasaron a engrosar las filas de los NN. El comandante de la Brigada 30 del Ejército, Paulino Coronado, que ya en el pasado ha recibido quejas por el accionar de sus tropas, agregó que de los once cuerpos, nueve corresponden a miembros de grupos armados ilegales que fueron dados de baja en combate. “Aquí no estamos frente a un falso positivo, estamos frente a muertes en combate que se presentan durante cinco eventos que se suceden desde enero hasta agosto”.

Pese a las explicaciones, el tiempo transcurrido entre cuando fueron reportados como desaparecidos en Bogotá y cuando fueron dados de baja por el Ejército es tan corto, que el Fiscal General y el propio Ministro de Defensa anunciaron que es preciso investigar la desaparición de los jóvenes y el presunto homicidio en combate. El secretario técnico de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Defensoría del Pueblo, Andrés Peña, manifestó a su vez que los cuerpos no se encontraban en una fosa común sino en diferentes lugares y municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Una vez la Fiscalía inició sus labores, de los 11 cuerpos encontrados se pasó a 19. Ya no es claro si todos habrían muerto, según el Ejército, en combate. De los nueve mencionados antes, uno por pertenecer al Eln, otros por hacer parte de bandas emergentes de paramilitares. La secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, manifestó a su vez que los jóvenes no habrían sido víctimas de reclutamiento sino de “desaparición forzada con fines de homicidio”. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, en aras de la explicación, recordó un informe de esa entidad de comienzos de año que mostraba un incremento del reclutamiento ilícito por parte de las denominadas Águilas Negras, fundamentalmente en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá.

Ante el hallazgo de nuevos cadáveres en zonas rurales de Norte de Santander, hasta la hora de escribir estas líneas ya eran 23 y no 19 los cuerpos encontrados. Mientras las investigaciones avanzan y las inconsistencias se hacen más visibles, otros 18 casos de desapariciones fueron denunciados en Risaralda y reportados como personas dadas de baja en combate por el Ejército.

Lo único claro en este mar de confusiones, pues, es que algo tenebroso se esconde detrás de este hecho macabro. Tanto más cuando ayer mismo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, tuvo que salir a reconocer que dentro de la Fuerza Pública “me cuentan que todavía hay reductos... que están exigiendo como resultado que se entreguen cuerpos”, antes de declarar lo obvio, que es preferible conseguir una desmovilización a ‘producir una baja’. Importante que el Ministro continúe en esa línea hasta que se sepa lo que está ocurriendo.

Algo muy extraño está sin duda sucediendo con el tema de las desapariciones en Colombia, que por demás es el asunto de mayor preocupación en el exterior sobre la violación de los derechos humanos en nuestro país. La Fiscalía habrá de continuar con sus pesquisas y llegar a claridades diáfanas sobre este caso, que con seguridad no es el único. Y, mientras tanto, los miembros del Ejército que han salido alegremente a lanzar tesis tan contradictorias deben dejar de hacerlo y permitir que las autoridades actúen con la celeridad que exige la opinión pública.