A pesar de que recientemente la Corte Constitucional y el procurador general, Edgardo Maya, les reconocieron a las parejas de homosexuales los mismos derechos de los que gozan los heterosexuales en el tema del pago de las pensiones —un fallo trascendental del que se beneficiarán unas 300.000 parejas colombianas del mismo sexo y que el año pasado el Congreso se negó a convertir en ley al hundir el proyecto que abordaba el tema de los derechos patrimoniales—, el destierro de la homofobia sigue siendo una obligación que las autoridades competentes se niegan a asumir.
Insólita y vergonzosa la noticia conocida esta semana de dos alumnas del colegio Leonardo Da Vinci —paradójicamente uno de los más geniales, célebres y extraordinarios homosexuales de la historia del mundo— de Manizales, a quienes el plantel educativo les negó el derecho a la educación con el argumento de que eran indisciplinadas e incumplían a las normas del manual de convivencia, cuando al parecer lo que realmente les incomodaba eran sus inclinaciones sexuales. Apoyadas por sus padres —una actitud que es preciso celebrar—, a través de una tutela las autoridades escolares se vieron obligadas a reintegrarlas, al tiempo que la rectora del colegio preparó una impugnación del fallo y permitió —o más bien incitó— que las 700 alumnas del colegio organizaran una protesta contra sus compañeras de clase —a las que recibieron con vociferantes “no las queremos”— y defender así la “dignidad” del colegio.
A la fecha no se conoce de colegio alguno en el que 700 alumnas se reúnan a protestar por la indisciplina de dos de sus compañeras de clases, pero más allá de la discusión jurídica entre la rectora y la Corte Constitucional, asombra y preocupa el mutismo del Ministerio de Educación. ¿A quién, si no a los órganos encargados de velar por la educación del país, le compete esta clara señal de irrespeto a la diferencia? ¿Qué lectura dan las autoridades educativas al rechazo observado durante la manifestación? ¿Qué valores, en últimas, se están inculcando en los colegios? Por lo demás, olvidan la rectora, la Secretaría de Educación y el Alcalde de Manizales —responsables directos de la Política Educativa Municipal— que la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, impone como obligación a las instituciones educativas evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo.
El hecho puntual del colegio Leonardo Da Vinci es sólo un síntoma. Y ya que ha permitido visibilizar la homofobia —práctica difundida que algunos niegan o en el mejor de los casos consideran intrascendente, a pesar de que el daño psicológico es también una tortura— es el momento de elaborar políticas claras que provean herramientas para abordarla. Según un informe de la ONG Colombia Diversa y a pesar de que la Corte Constitucional se pronunció explícitamente sobre el asunto, en el 2007 existían manuales escolares como el del Colegio Nuestra Señora de la Presentación, en Chiquinquirá, en el que se califica de “falta grave” las “conductas homosexuales”. Persiste entonces el prejuicio de que la homosexualidad es una anomalía, una enfermedad y una desviación.
Sostener que la tolerancia y el respeto son medios suficientes para combatir la homofobia, es equivocado. Urgen medidas concretas que faciliten el control de la discriminación y que permitan una educación explícita en el tema de la diversidad sexual. Tolerar y respetar no conduce, de ninguna manera, a reconocer. El reconocimiento real de la otra persona implica una educación muy diferente de la que hasta el momento se está impartiendo en algunos de nuestros planteles educativos.