Partiendo de la verdad evidente de que ningún país del mundo posee los recursos suficientes para ofrecer servicios de salud ilimitados a todos sus ciudadanos, es necesario lograr el mayor impacto social con los recursos disponibles. Para eso se creó el sistema colombiano en 1993 y es lo que se busca con la reforma a la Ley 100, mediante la Ley 1122 de 2007.
A pesar del evidente aumento de los recursos para la salud que han logrado estas normas en los últimos años, éstos no han llegado a los ciudadanos en forma de servicios. Se los han tragado los altos costos administrativos y la corrupción, que penetró el sistema en diversas formas, especialmente en el régimen subsidiado, responsable de la salud de los pobres, que además también ha sido víctima de la politiquería.
El debate más intenso ha estado en torno a la negación de servicios por parte de las EPS. Y si bien es cierto que la racionalidad del sistema impone la necesidad de tener un plan de beneficios con límites, la Defensoría del Pueblo ha demostrado que cerca de 70% de las tutelas interpuestas por los ciudadanos en salud han sido para reclamar servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que les han negado las EPS, principalmente las de naturaleza pública.
El tema no se limita a negar la autorización para servicios, procedimientos o medicamentos, sino que también incluye la negación del pago de los que ya han sido prestados por IPS y profesionales. Para ello, las EPS recurren a la "glosa" de cuentas, con base en la auditoría médica, que pareciera que se utiliza con el fin de justificar el no pago o para posponerlo, mediante la decisión de auditores, que muchas veces ni siquiera son médicos.
Cuando se producen dichas negaciones a lo que en opinión de los médicos y de los especialistas y subespecialistas es necesario para el tratamiento adecuado de un paciente, se están ignorando los derechos de ese ciudadano y se está arrollando la autonomía profesional del médico, elemento esencial de una profesión, para garantizar la calidad de su ejercicio.
La auditoría médica tendría razón de ser si cumpliera la misión para la cual fue creada: promover la calidad de la atención médica. El solo hecho de saber que los auditores normalmente cuestionan lo que se practicó y nunca o casi nunca señalan lo que se dejó de hacer, es una demostración de la distorsión conceptual que vivimos. Entre otras cosas, se ha afirmado que existen incentivos en la remuneración de auditores, que están ligados al valor de lo que han glosado.
Es hora de pensar en los colombianos sanos y enfermos, pues parte esencial de este sistema es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; de allí el nombre de entidades promotoras de salud que se dio a las EPS. No podemos olvidar que tener una población con estilos de vida saludable garantiza una sociedad más productiva, que genera menos costos en atención médica.
Debemos lograr que los debates sobre el sistema de salud cambien de foco, se alejen de la interminable discusión económica, para que se centren en los ciudadanos y se haga énfasis en sus derechos esenciales, como el de libre elección, consagrado en las leyes pero violado a diario. La salud pública, la promoción y la prevención, los hospitales universitarios, la autonomía profesional y la educación médica deberán ser los temas centrales en torno al sistema de salud.