El miércoles mismo, el Presidente de la República ha reconocido que al menos un miembro de la Fuerza Pública portó los emblemas de la Cruz Roja Internacional durante la operación, después de que, por los días de la misma, el Ministro de Defensa, los generales e incluso  el propio Presidente —en su improvisada entrevista de medianoche interrogando a los liberados— habían asegurado en todos los tonos que no se habían utilizado.

Mientras nos vamos enterando así, con cuentagotas, de la verdad de la operación, gracias a lo que la prensa ha ido revelando, y alegres como estamos todos con el regreso a la libertad de los 11 compatriotas y tres estadounidenses que, de otra manera, estaban destinados a morir en vida en la selva, esta nueva aparente violación por parte del Gobierno colombiano de las normas que con esfuerzo ha diseñado y acordado la comunidad internacional para regular la convivencia, plantea una reflexión de fondo sobre la filosofía política de corte maquiavélico en la que gobernantes y otros poderes se permiten saltarse la ética y la moral dominantes con el único objetivo de llevar a feliz término determinados planes.

Mucho se ha escrito ya,  tanto en Colombia como en el exterior, sobre las implicaciones del ataque al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, acción militar que indiscutiblemente se constituyó, como quedó constatado en las declaraciones de la OEA, en una violación a las reglas del derecho internacional que ofendió profundamente a nuestros vecinos. Mientras en el país hubo y existe regocijo apenas entendible frente al éxito de la operación y el duro golpe que constituyó para las Farc, Colombia es visto como un país peligroso y poco digno de confianza entre quienes son pueblos hermanos y socios estratégicos fundamentales. Y si bien puede haber mucha ideología barata y molesta en esa desconfianza del vecindario, lo malo es que tienen razones de sobra para sustentarla.

En ese mismo afán por dar de baja a grandes cabecillas de las Farc no ha habido en muchos momentos reparos morales ni legales. Como anillo al dedo, para el primer caso, viene una semana después de la incursión en Ecuador el episodio del disparo de gracia, y  la mano cercenada como prueba, a Iván Ríos por parte de su jefe de seguridad. En ese caso, otro golpe certero a la cabeza de las Farc celebrado con bombos y platillos, como es lógico, no solamente no se castigó al guerrillero que cometió un homicidio a sangre fría, sino que el célebre alias Rojas fue recompensado con una millonaria suma de dinero. Logrado el objetivo, lo demás qué importa.

La situación, además, no es nueva. Sin ir muy lejos, parte de los problemas que nos agobian en la actualidad se centran en esa peligrosa premisa a la luz de la cual en algún momento de la historia colombiana se pensó que armar individuos diferentes de los legítimamente preparados para hacer las veces de fuerzas del orden podría ser la solución para aplacar a los grupos guerrilleros. Esa traumática historia del paramilitarismo que todos conocemos, que aún no termina y que en definitiva pasó a convertirse en un mal en sí mismo, se sustenta en esa misma idea de que el fin justifica los medios.

En definitiva y volviendo al informe de CNN, si bien no hay razón alguna para que el pueblo colombiano no se encuentre enteramente feliz y orgulloso por “el golpe de astucia” de su Fuerza Pública a las Farc, que permitió el regreso a casa de los secuestrados, vale la pena pensar, más allá de las reacciones internacionales que puedan aparecer,  hasta dónde podemos llegar por este camino de obviar una mínima ética de la guerra con tal de que se obtengan victorias militares. En este caso, que a todos nos regocija, habrá que puntualizar una cosa que quizás pueda servir de norte para recorrer el espinoso camino de la lucha contra la insurgencia: si se sigue por la senda en la que el fin justifica los medios, el conflicto solamente se degradará, ya que es propio del enemigo actuar sin consideraciones éticas y morales.