Independientemente de los resultados de las investigaciones que habrán de determinar el grado de responsabilidad del general, bajo cuyo mando fueron asesinados y desplazados presuntos miembros de las Farc pertenecientes a las 23 comunidades que habitaban en las cuencas de los ríos, no son pocos los colombianos que estiman que este era el precio que había que pagar para lidiar con la violencia guerrillera que azotó de manera tan poderosa a Urabá durante los años noventa.
El propio Rito Alejo del Río, a pesar de las reiterativas denuncias documentadas por diversas ONG y defensores de derechos humanos, fue objeto en su momento de un agasajo de alto nivel en el hotel Tequendama como “desagravio” para quien era llamado el “Pacificador de Urabá”, bajo la muy discutible idea de que en aras de la “tranquilidad” de la zona la pregunta por los métodos empleados era de menor importancia.
Pero, más allá del obvio debate que una postura como esta suscita, se está pasando por alto la otra cara de la expansión paramilitar en el Urabá y se está desconociendo, por completo, una realidad que es mucho más compleja que la caricatura en la que los buenos persiguieron a los malos.
El paramilitarismo no es sólo una fuerza antisubversiva, aun si ese es su propósito político más visible. La historia de Urabá, por lo menos desde los años sesenta, tras la sangrienta construcción de la carretera que va de Medellín a Turbo y el inicio de la industria bananera, nos es explicada por reconocidos historiadores de la talla de Carlos Miguel Ortiz, como una sucesión de ciclos de violencia y concentración de la tierra. En ese modelo que se impone con indiscutible éxito en Urabá, además de otras regiones del país, los paramilitares jugaron un rol determinante. También lo hicieron las guerrillas, el narcotráfico y el narcoparamilitarismo. Pretender que el empleo de las fuerzas paramilitares permitió repeler la subversión para retornar a una historia de felicidad, es el equivalente a obviar el lado oculto de esa tan celebrada “pacificación”.
Del lado del eje bananero, en el centro y el sur de Urabá, de 18.000 hectáreas concentradas en pocas manos se pasó a 32.500. Personas con hasta 20 fincas de 100 hectáreas cada una, en donde una hectárea puede producir alrededor de 1.800 cajas de banano de exportación por año, configuraron lo que sería un primer ejemplo del modelo de concentración de tierras. En los municipios del norte de Urabá y el norte del Chocó dedicados a la ganadería, la concentración de tierras se dio de la mano de los predios adquiridos por el narcotráfico. Sólo en Arboletes, miembros del Cartel de Medellín compraron 48 haciendas para ganadería entre 1981 y 1989, con extensiones de 300, 400 y hasta 600 hectáreas.
En este escenario, las primeras masacres de Urabá fueron perpetradas en 1988 por paramilitares del Magdalena Medio organizados y financiados por el Cartel de Medellín. Las siguientes, en 1990, fueron perpetradas por paramilitares, ya no traídos del Magdalena Medio sino constituidos en la misma zona de Córdoba, Urabá y el Darién. En ambos casos, las víctimas fueron campesinos que protagonizaron tomas de tierras, protegidos por el Epl. Por si ello fuera poco, la última masacre contra ocupantes de tierras, ocurrida en 1994, la protagonizaron, ya no los paramilitares, sino las Farc. Fue entonces cuando, bajo el pretexto de disputarles el territorio a los frentes 57 y 34 de las Farc, la recién creada Brigada XVII, al mando del general del Río ejecutó su ‘Operación Génesis’ con el presunto apoyo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por dos de los hermanos Castaño.
Ya en 2000, porque la historia sigue sin ser la de la aparente tranquilidad que algunos claman, el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc, bajo el mismo pretexto de querer expulsar a las Farc, incurrió en asesinatos selectivos y masacres que produjeron desplazamientos masivos, ya no de colonos y parceleros, sino de afrodescendientes e indígenas, en el nuevo municipio de Carmen del Darién. Y así, lo que eran bosques y manglares se convirtió en modernos cultivos de palma de aceite.
Si se sigue con detenimiento la historia de estas tres concentraciones, fruto de la violencia bananera, ganadera y ahora palma aceitera, quizás “la pacificación de Urabá” deje de ser motivo de orgullo y celebración para algunos. Mejor sería abrir por fin el debate sobre la aparente contrarreforma agraria que se ha ido gestando en Colombia, de la mano de la avaricia por la tierra y sus recursos, a partir de los últimos 20 años.