Tras tímidas y nebulosas insinuaciones públicas en el sentido de que no veía conveniente su perpetuación en el poder, el Presidente de la República, en reunión privada con su bancada, ha reiterado esta semana su desprecio por el arreglo institucional al anunciar que, de no ver asegurada dicha perpetuación, como mínimo en cuerpo ajeno, está dispuesto a aspirar a una segunda reelección inmediata para salvarnos de "una hecatombe", esto es, que el país decidiera cambiar el rumbo que él ha destinado para Colombia, per secula seculorum.
La notificación, paradójicamente, llega en momentos en que el país observa con asombro -y no poco temor- los efectos de la concentración del poder gubernamental que generó la reelección inmediata y la consecuente ruptura de los balances institucionales cuidadosamente diseñados por los constituyentes de 1991. La intervención desesperada del Presidente en la elección de Bogotá para tratar de detener el triunfo del hoy alcalde, su negativa a recibirlo una vez elegido, su disputa descalificadora con la Corte Suprema hace unas semanas, sus injuriosos intentos de ligar a contradictores políticos, sindicalistas, periodistas y demás con las Farc, son apenas los más recientes síntomas de cómo mientras más poder amasa, menos poder está dispuesto a ceder.
Es cierto que la popularidad del presidente Álvaro Uribe y de su gestión sigue siendo muy alta y que se mantiene inamovible a pesar de los escándalos y las disputas que han sido la constante en este primer año de su segundo período. También lo es que su gestión en asuntos como la seguridad y el buen estado de la economía y la inversión es destacada y diferencial de sus antecesores. Incluso, lo es que la mayoría de los colombianos volverían encantados a elegirlo hoy por un período más. Pero la organización y el funcionamiento de un Estado no pueden estar sujetos a las coyunturas pasajeras, ni la Constitución depender de las encuestas de popularidad del momento.
Es precisamente para esos instantes de euforia, cuando los pueblos y sus gobernantes tienden a creer que las normas fundamentales de una sociedad se pueden ir corriendo hasta el límite de los excesos, que se ha diseñado toda la institucionalidad que protege el sistema democrático de los abusos. Los pesos y contrapesos, el equilibrio de poderes en las tres ramas del poder público, la independencia de los organismos de control y el banco central, así como también la imposibilidad de que un gobernante se perpetúe en el poder suplantando al Estado, no son simples caprichos del legislador, sino el resultado de la experiencia de muchos siglos de sinsabores en el mundo entero.
Ya decía algún politólogo en los debates de hace cuatro años -que ahora serán los mismos pero acentuados- que en la historia de todas las reelecciones que se han sucedido en Colombia la única coincidencia es que "o han fracasado o se han convertido en dictaduras oprobiosas". Siendo este un país en el que la historia mucho tiende a repetirse, es hora de que los colombianos iniciemos por fin una cruzada en defensa de la institucionalidad y dejemos de seguir creyendo que un Estado se hace más fuerte conforme va modificando sus reglas al vaivén de los espejismos del momento. La cuestión no es ya -en realidad nunca debió serlo- de apoyo u oposición al presidente Uribe y su gobierno. De lo que se trata es de defender el arreglo institucional de largo plazo que nos rige y convoca como una Nación moderna, libre y soberana. Debimos hacerlo desde que se prendieron las primeras alarmas, pero ahora que ya ensordecen resulta impostergable.