El evento contó con la participación del Fiscal, el Procurador y algunos presidentes de las altas cortes y permitió corroborar el preocupante estado de las investigaciones que cursan contra quienes insisten en acallar la voz de una de la profesiones más peligrosas del país. De los 125 periodistas asesinados en los últimos 13 años, sólo se conocen 16 condenas.

Ante tan descomunal situación, en un país que se precia de proteger la libertad de prensa, las reacciones no se hicieron esperar. El propio fiscal, Mario Iguarán, reconoció que en el caso del asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra, “todavía hay impunidad”, pese a que un estudio del jurista Rodrigo Uprimny dictaminó que el juez redujo sin justificación alguna la pena que le fue impuesta al asesino. El procurador Edgardo Maya planteó que el problema está en el sistema penal colombiano y la ausencia de una política criminal, y el presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra, hizo explícito que este tipo de crímenes merecen una consideración especial de parte de la justicia colombiana.

Todo lo cual, sin embargo, sigue siendo un poco más de lo mismo. Ni el asesinato de periodistas, ni la impunidad en la que reposan, son nuevos. Como tampoco lo son los pronunciamientos cargados de buenas intenciones —y no pocas señales de frustración— de parte de jueces, fiscales y procuradores. El asesinato cometido contra el director de El Espectador, don Guillermo Cano, es un buen ejemplo: 22 años después, el fiscal Iguarán admite, como se ha hecho siempre, que “aún no hay resultados”. Como éste, muchos casos más.

Se quejaba por estos días el Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, de la supuesta mediocridad del periodismo actual. En su opinión, la tiranía de la premura ha hecho que los redactores dispongan de menos tiempo para hacer sus notas y reportajes. Habría que agregar, y con esto la impunidad adquiere una dimensión no siempre explorada, el tema de la autocensura. Si algo ha golpeado la calidad del periodismo actual, es la violencia que se ejerce contra quienes recorren el territorio nacional en busca de la información, siempre mal recibida, que los centros urbanos reclaman con urgencia. Ya son muchos los que prefieren callar. La difusión es hoy un arma política y en ello se les va la vida a muchos de los que aún persisten en utilizarla. Y más en un país en el que los ataques provienen de grupos armados —guerrilla y paramilitares—, narcotraficantes y en ocasiones las propias fuerzas del Estado.

La pregunta, un tanto obvia pero igualmente necesaria, que habrán de responder la sociedad y el Estado colombiano apunta a los retos que enfrenta la justicia de aquí en adelante. Se ha considerado la ampliación de las penas contra los victimarios y si bien esta no es una solución del todo descartable, sigue siendo algo ingenua cuando se piensa que en la mayoría de casos no hay a quién condenar. El Programa de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior no es en esencia una herramienta que pueda atacar la impunidad, pero previene, y ello ya es encomiable, que se cometan algunos asesinatos. Lo hecho hasta el momento por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reviste un especial interés por la excelente labor adelantada en materia de protección de la libertad de prensa pero, nuevamente, no es suficiente para atacar la impunidad —ni es esa su labor.

Habrá que seguir con estas y otras propuestas. Pero ya es hora de superar el lugar común de la lamentación por la ineficacia judicial y la falta de diligencia de las autoridades para proteger el derecho fundamental de la libertad de expresión. Hoy, la posibilidad real de seguir contando con un periodismo que investiga y denuncia aquello que los violentos desean silenciar, sigue corriendo un gran riesgo. Es tarea del Estado y la sociedad preservar uno de los principios tutelares de todo sistema democrático.