Algunas voces malintencionadas y perversas han pretendido esta semana interpretar de manera sinuosa y por demás injuriosa nuestro editorial del pasado fin de semana, en el que planteábamos nuestro apoyo a las marchas ciudadanas contra la violencia, tanto la que pasó como la que se avecina.

Lo anterior no pasaría de ser otro de esos ejercicios retóricos tan de moda por estos días en el país para avivar la polarización, de no ser porque en este juego se anuncia la clara intención de acallar a El Espectador mediante el linchamiento, al señalarnos como enemigos de las Fuerzas Militares y de las instituciones democráticas que hemos defendido durante más de 120 años.

Para quienes no hayan entendido nuestra posición o se hayan dejado llevar por la estratégica manipulación de nuestro pensamiento para silenciarnos, vale entonces reiterar los argumentos expuestos en estas páginas para su precisa comprensión.

Sí, apoyamos la marcha del 6 de marzo, igual que lo hicimos sin ambages con la del 4 de febrero. Repudiamos los intentos evidentes de manipulación del sentimiento ciudadano, tanto en la una como en la otra, por parte de los violentos y de los oportunistas. Invitamos a los ciudadanos a demostrar su hastío con la violencia de cualquier tipo, por encima de que una de las protestas haya contado con el apoyo de Mancuso y la otra cuente ahora con el de las Farc.

Y no, no creemos que existan unas violaciones a los derechos humanos que se deban excusar y otras que se deban repudiar, que es lo que pretenden los desviados intérpretes de nuestra posición. Unas y otras deben ser proscritas de nuestra sociedad si algún día queremos superar nuestra espiral de muerte, en la cual, vale decirlo, la Fuerza Pública ha sido la primera víctima.

Incluimos en nuestro editorial del fin de semana pasado, es cierto, dentro de las formas de violencia que los colombianos debemos  rechazar, las que también algunos miembros indignos de nuestra Fuerza Pública han cometido, casos muchos de ellos que han merecido condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la propia justicia colombiana y que, por lo demás, el Estado ha reconocido y acatado.

 ¿No es acaso por ello que el Ministerio de Defensa ha lanzado, hace apenas dos semanas, una ambiciosa Política Integral de Derechos Humanos y DIH para la Fuerza Pública? Sin embargo, esto ha servido a nuestros malquerientes para decir que El Espectador le resta mérito a la valerosa batalla que libran los soldados de Colombia contra la demencial barbarie de las Farc, lo cual no es más que una infamia difamatoria sin nombre.  

Quien haya leído de buena fe —y comprendido— los editoriales de El Espectador de los últimos años sabe bien —ya que también nos han querido graduar de manera gratuita como enemigos del Presidente de la República— del respaldo que hemos dado desde estas páginas a la política de seguridad democrática y a la Fuerza Pública. Cosa diferente es que pongamos un énfasis en la esencia democrática de dicha política como fundamento necesario para que sea efectiva y noble. En lo cual quizás algunos no coincidan, pero ciertamente sí el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que quede claro.