A proteger la verdad y la reparación

Para quienes hemos apoyado la extradición como un instrumento válido de colaboración internacional contra el crimen, resulta una buena noticia saber que no estarán más entre nosotros quienes a todas luces estaban burlándose de la justicia colombiana —en parte con la complicidad de quienes pretendían mostrar un proceso de paz transparente y justo cuando no lo era tanto—, confesando apenas asuntos como la localización de fosas o los autores de algunos asesinatos —todo a media marcha para dejar avanzar  el tiempo que les contaría para el día que llegara su reducida pena—, ocultando en dichas confesiones los bienes más valiosos en espera de disfrutarlos en unos cuantos años y, peor aun, persistiendo en el narcotráfico, en el control armado o corrupto de las rentas y el poder en las  regiones, e incluso, como dijo el Presidente en su alocución de ayer, en el asesinato.

Si bien la necesidad de acudir de manera intempestiva a  la justicia internacional deja en evidencia la fragilidad de la Ley de Justicia y Paz —tantas veces advertida e igual número de  veces desechada por quienes la presentaban como una ley  ejemplar para el mundo— lo importante ahora es cómo lograr que además de que los capos extraditados purguen sus penas por narcotráfico según la ley estadounidense, también lo hagan por los crímenes de lesa humanidad que cometieron como paramilitares en Colombia.

Son numerosos los interrogantes que quedan pendientes de resolver tras la medida de ayer, especialmente por las inquietudes en cuanto a la verdad y a la reparación que despertaron  las víctimas en el caso de alias Macaco y que ahora se multiplican. Con todo, hay que ser optimistas y enfocarse en que se cumpla el compromiso anunciado por el presidente Uribe ayer en el sentido de que Estados Unidos ha aceptado, dentro de los mecanismos de cooperación judicial directa,  permitir que comisiones de la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia  puedan recopilar pruebas sobre los casos de paramilitarismo en Colombia, facilitar el intercambio de las mismas  y procurar que los bienes que estos capos  entreguen por acuerdo con los jueces de ese país se destinen a la reparación de las víctimas.

Por supuesto que no es lo mismo para las víctimas confrontar a sus victimarios en persona que hacerlo a control remoto o por interpuesta persona. También, claro, será difícil que los derechos adquiridos de las víctimas tengan preponderancia en un juicio en Estados Unidos por narcotráfico. Y siempre queda la duda sobre los alcances del sistema de negociación de penas a cambio de colaboración que contempla la justicia estadounidense y que en muchos casos ha resultado en tremendas injusticias para Colombia.

Con todo, hay que aceptar que por el camino que iba el proceso de Justicia y Paz frente a estos líderes ahora extraditados, no había  garantía alguna de un éxito mayor en cuanto a verdad, justicia y reparación. Lo importante ahora, en ese sentido, es que la actividad de la sociedad civil —que ha estado vigilante del proceso de Justicia y Paz para no dejarlo desviar, con algunos resultados— siga en su tarea  para presionar que lo que hoy se promete de la justicia estadounidense verdaderamente se cumpla. Porque si la reparación y la verdad llegan a quedar traicionadas con la audaz movida de la noche del lunes,  la historia no nos lo  perdonará.

Capítulo aparte, en el plano interno, es lo que pueda suceder al  proceso de la Ley Justicia y Paz. La primera impresión es que hasta aquí llegó y fue poco lo que avanzó. Pero quizás pueda ser esta  la oportunidad de que comience a avanzar  por la presión que para los implicados significa saber que los grandes líderes van a comenzar a hablar en Estados Unidos sobre cosas que ellos debieron confesar. Sea cual fuere el caso, lo que sí es cierto es que se debe manejar de inmediato la incertidumbre en que estarán hoy los cientos de desmovilizados que de alguna manera han perdido el líder que los guiaba en este proceso.  

En fin, el presidente Uribe parece haber retomado el control de un proceso que caminaba sin rumbo o, mejor, controlado por los líderes paramilitares, pero a la vez ha puesto en riesgo la esencia misma del propósito  de su Ley de Justicia y Paz: verdad, justicia y reparación. Hay que estar vigilantes para que  estos propósitos se pueden lograr desde los Estados Unidos.