La propuesta se sustenta en las dramáticas cifras de abusos sexuales cometidos contra los niños. Se sabe, según reportes de Medicina Legal, que de los 13.000 dictámenes sexológicos por abuso o violencia practicados en un año, el 86% tuvo como víctimas a menores de 18 años; y se conoce el altísimo número de menores explotados sexualmente, cercano a 35.000, si no es aún mayor. La situación es ciertamente dramática. La vulnerabilidad de los niños nadie la pone en duda.
Sin embargo, ese hecho indiscutible no es justificación suficiente para modificar de manera esencial la Carta Constitucional. La cadena perpetua es contraria al espíritu de la Constitución, en razón a que la resocialización de los criminales está en el corazón del sistema penal y de la institución carcelaria. Ceder ante la cadena perpetua sería aceptar abiertamente que las cárceles sólo cumplen con la labor de “esconder” y “retirar” al que se niega a cumplir con las reglas que la sociedad considera necesarias para vivir en armonía. Sería condenar al criminal a ser recluido de por vida en un espacio que no le ofrece ninguna posibilidad de recapacitación y antes bien posibilita que sus inclinaciones hacia el crimen crezcan exponencialmente.
En la propuesta liderada por la concejal Gilma Jiménez se repite, una y otra vez, que “está demostrado científicamente que los que atentan contra los menores de edad nunca se rehabilitan”. Una sentencia que el propio fiscal, Mario Iguarán, ha hecho suya, aceptando sin dubitaciones la veracidad del enunciado. Suponiendo que existe el acervo científico para hacer tamaña aseveración —y es hora de que autoridades médicas se involucren en el debate para que pueda avanzar más allá de las frases de impacto mediático y de corte más político que científico—, faltaría hacer explícita la necesidad de ahondar en las causas de la patología que subyace al agresor. Una sociedad inteligente no se queda en el manejo de las consecuencias de los problemas que la afligen, sino que se pregunta con igual interés por las causas que los provocan.
En esto, de nuevo, es de entera importancia que los especialistas (terapeutas, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales) aborden con la mayor seriedad la viabilidad de imponer la cadena perpetua como solución al tema de la violación de menores. Se sabe de victimarios que a su vez fueron víctimas, luego el problema es mucho más complicado de lo que parece. Al movilizar a la opinión pública en favor de una única opción, haciendo un uso estratégico de los medios de comunicación, se cierran además las posibilidades de ampliar la discusión y analizar otras opciones. ¿En dónde quedan la castración química, la terapia, la ayuda psiquiátrica y la prevención? ¿Cómo se explica la reincidencia? ¿Tienen la pobreza, la falta de educación y la marginalidad algún impacto en los comportamientos delictivos? ¿Cuáles son las consecuencias en el orden jurídico de una transformación tan radical de la Carta?
Es claro que los niños están siendo objeto de los peores y más ruines crímenes. Lo hecho hasta el momento por los promotores de la cadena perpetua tiene el mérito de haber llamado la atención frente a un problema que no es reciente y que requiere que se lo aborde con urgencia. Lo que no es tan evidente es la forma como se pretende que el execrable delito de la violación, y en general los ataques a los niños, sea confrontado. La cadena perpetua no pasa de ser una medida cortoplacista que, en todo caso, no garantiza que el pedófilo lo piense dos veces antes de actuar.
El problema exige represión, por supuesto, pero ésta debe ir acompañada de un límite al oscurantismo que rodea el tema de la pedofilia. En tanto que tabú, es muy poco lo que hemos avanzado en el entendimiento de los impulsos que llevan a que un individuo se sienta atraído sexualmente por un menor de edad. Si se abre la discusión, si el Estado se permite un acercamiento a estos individuos que en cualquier momento pasan al acto y se convierten en criminales, quizás se puedan prevenir más víctimas de las ya registradas.