El trámite de la aprobación, como prácticamente todo lo relacionado con el referendo, no estuvo exento de irregularidades. El Gobierno,  algunos todavía suponen que no está interesado en hacerse reelegir, emitió un decreto de última hora convocando a sesiones extraordinarias en las que el texto original del referendo —respaldado por 3,8 millones de firmas, para cuya consecución se contó con una financiación que sigue siendo objeto de debate— fue aprobado sin modificaciones. Algunos juristas consultados por los medios de comunicación han respaldado, y otros criticado, el empleo de las horas extras —que dicho sea de paso, no le fueron acordadas a la ley de víctimas—. A la fecha no hay consenso. Si el referendo supera los dos debates que le faltan, lo que parece un vacío jurídico será resuelto por la Corte Constitucional, que para la época con seguridad habrá sido modificada y, en ese cambio, su independencia estará en entredicho.

En el mismo sentido, contrasta la declaración del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, al plantear que el Congreso está calificado para hacer cambios en la redacción del texto original que avalen la reelección inmediata, con lo dicho por el procurador, Edgardo Maya, quien estima que la corporación podría hacer cambios de forma pero no de fondo. Reemplazar lo uno por lo otro, si es en 2010 o en 2014, sería, según el Procurador, una reforma de fondo. Aunque le compete nuevamente a la Corte Constitucional pronunciarse, la verdad es que el espíritu de la pregunta avalada por quienes firmaron no era que se reeligiera al presidente Uribe en 2014, sino en la elección que le permitiera seguir de largo. Decir lo contrario, como ya lo habíamos manifestado en este mismo espacio, no pasa de ser una leguleyada de la oposición.

Lo cual no quiere decir, de ninguna manera, que esto modifique en algo la inconveniencia de que el Presidente sea reelegido por segunda vez consecutiva. Si el referendo se cae, sería una buena noticia para la democracia colombiana y sus instituciones, que se verían seriamente afectadas con la permanencia en el poder de una misma persona durante más de ocho años. Incluso de cuatro, como lo hemos visto en el quiebre institucional que ha representado este segundo período. Quienes sacan a relucir el argumento de la voluntad popular —y ello a pesar de que 3,8 millones de personas en un país de más de 40 no son necesariamente multitudes— olvidan que la democracia no sólo es el gobierno de las mayorías. Es lo que han manifestado últimamente, sin siempre explicarlo a fondo, desde ex asesores presidenciales hasta Juanes, editorialistas afines, columnistas y políticos.

Reelegir por segunda vez consecutiva al Presidente, más allá de que sea el sentir de los siete millones de ciudadanos que, en números gruesos, requeriría el referendo en caso de ser aprobado, se opone al sistema de pesos y contrapesos que caracteriza el Estado Social de Derecho. Es más, el escepticismo frente a la Corte Constitucional nace precisamente de que con la aprobación de la primera reelección no ha habido ningún otro cambio que permita que el sistema institucional vigente esté en capacidad de controlar el poder que con el tiempo ha ido acumulando el Presidente.

De manera pues que, sin violentar un mecanismo de participación ciudadana legítimo como el referendo, lo mejor que podría suceder sería que éste se cayera por el dudoso camino de aprobación por el que ha transitado y que le ha permitido seguir con vida.