Los vacíos de Ley de Justicia y Paz

En su momento fue presentada como un modelo de justicia transicional para la solución de conflictos armados, pero hoy deambula por el laberinto de la morosidad judicial, las confesiones a retazos y el enrevesado camino de buscar que a los principales artífices del paramilitarismo les quede alguna voluntad para colaborar con la justicia colombiana, a sabiendas de que resolver sus cuentas con la norteamericana representa en la actualidad su acción prioritaria.

Estaba advertido desde los vacíos de aplicación en que la ley fue cayendo con el curso de los acontecimientos. A tropiezos pasó el examen jurídico en la Corte Constitucional en 2006, donde afortunadamente se hundió por errores de forma la columna que sostenía el objetivo de las autodefensas de lograr su expedito tránsito a la política. La sedición como comportamiento, también atribuible al paramilitarismo, que tampoco acabó de convencer como argumento de fondo.

Después llegó la parapolítica, que puso contra la pared tanto a los jefes desmovilizados obligados a decir la verdad, como a un alto número de dirigentes políticos que aún se discute si obraron como soporte de su expansión electoral y militar. Los comandantes de las autodefensas no rompieron del todo sus tentáculos con el narcotráfico y en medio de las ambigüedades de un proceso de paz sujeto a manipulaciones y chantaje terminaron extraditados.

Hoy el escenario no puede ser más escéptico. En el interior del país la Ley de Justicia y Paz sigue a la espera de que se produzcan sentencias y que se masifique la divulgación de las confesiones para fortalecer el objetivo de la verdad; mientras en el exterior avanza a la zaga de lo que buenamente la justicia norteamericana facilite a los investigadores de Colombia, sin perder nunca su norte esencial: que los extraditados del paramilitarismo salden sus cuentas de narcotráfico.

Sin verdad ni justicia a la vista, ni mucho menos ejercicio real de reparación a las víctimas, la Ley de Justicia y Paz continúa en un limbo extenuante, eternamente sometido a los cíclicos escándalos de aquellos desmovilizados que equilibran el juego de sus confesiones con descontextualizados y oportunistas señalamientos en los medios de comunicación; o los desesperados anuncios de algunos jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos que ya no quieren colaborar con la justicia colombiana.

Sin embargo, no es tarde para que la Ley de Justicia y Paz recobre su importancia en escenarios de reconciliación y verdad. Como instrumento jurídico aporta elementos válidos para la desmovilización de combatientes y ya existe un camino andado que será de mucha utilidad en términos de reconstrucción de memoria. Pero necesita líderes que la fortalezcan y dinamicen antes que apurar su advertido fracaso. Y los promotores ideales no pueden ser otros que quienes hoy imparten justicia.

En otras palabras, especialmente en manos de la Fiscalía y de la Corte Suprema, descansa la alternativa de que la desmovilización de combatientes del paramilitarismo, incluyendo la de aquellos que terminaron extraditados, no se convierta en un proceso a la deriva con evidencias desperdigadas en múltiples expedientes y uno que otro esfuerzo asistencialista en materia de reparación. Colombia urge verdades claras y contundentes, por dolorosas que ellas sean. Sólo así podrá cerrarse un capítulo sombrío en la historia nacional.