El presidente Álvaro Uribe, en un consejo comunal realizado en Ibagué, pidió que la Corte “no abuse de sus prerrogativas”. El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, leyó un comunicado en el que argumenta que, de continuar con la dilación, la Corte estará quebrantando la Constitución. “Cuando el Presidente de la República presenta la terna para elegir Fiscal General —sostuvo— no hay margen de discrecionalidad”. La Corte, escriben algunos columnistas, está inhabilitada legalmente para no elegir entre los ternados.

Que las reglas son unas y precisan respeto es algo que desde este mismo espacio hemos defendido innumerables veces. No podía ser de otra manera en un Estado social de derecho, respetuoso de su andamiaje constitucional. La Corte, como cualquier otra institución, está en la obligación de obedecer las regla escritas. En este caso, como lo quiere el Gobierno, elegir un fiscal para el país de entre los tres candidatos disponibles, que ciertamente cumplen con los requisitos mínimos que exige la Carta.

En condiciones normales, por supuesto, el argumento del Gobierno tendría toda la fuerza que quieren darle sus defensores. Pero esas reglas que se pide a la Corte Suprema cumplir “sin margen de discrecionalidad” fueron diseñadas para un escenario institucional que hoy, con la reelección, y peor aún con una posible segunda consecutiva en ciernes, resultan a las claras insuficientes. El cuidadoso sistema de pesos y contrapesos contenido en la Constitución preveía una terna presidencial para un Fiscal que operaría en el gobierno de un sucesor diferente. Y ese no es el caso.

La Corte Suprema, entonces, no está haciendo otra cosa que velar por los principios que dan existencia a todo ordenamiento jurídico. Ahora que las reglas de juego han sido alteradas, es perfectamente entendible que los magistrados se apresten a defender la independencia judicial y la separación de poderes. Dos principios que no están garantizados con la nueva terna y que justifican el que se le considere inviable.

El tiempo apremia, cómo dudarlo. La interinidad en el cargo de Fiscal General de la Nación es nociva para el país. Pero la independencia del Fiscal, en momentos en que son muchos los procesos que involucran a funcionarios del Gobierno que cambió las reglas de juego y desea hacerse reelegir, no debería ser motivo de discusión. La parapolítica, la yidispolítica, los “falsos positivos” y las chuzadas del DAS son sólo algunos de los delicados procesos que precisan una pronta definición, pero desde una mirada imparcial.

En lugar de persistir en las descalificaciones, cuando no en una persecución abierta, hacia los magistrados de la Corte Suprema, el Ejecutivo debería abrirse a plantear una nueva relación acorde a la transformación institucional que ha significado la reelección, bajo el respeto de la separación de poderes necesaria y benéfica para el devenir del país. El carácter reposado con que el presidente de la Corte Suprema ha respondido a la andanada, llamando a la colaboración de los interesados en la resolución del impasse,  debería servir a crear ese ambiente de diálogo que no se debe abandonar en medio de la disputa. En ese sentido, también, los magistrados deben abolir las tentaciones de seguir un camino de confrontación y unificar su voz  alrededor de esas posiciones firmes pero respetuosas que ha asumido su presidente esta semana.