Es difícil establecer una cifra aproximada del número de personas que se beneficiarían de la ley de víctimas, también denominada “Estatuto para las víctimas”, pero lo cierto es que cuenta con el apoyo de la Comisión de Juristas y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, además de diversas organizaciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos. Constituye, a todas luces, la consolidación de una política de largo aliento que pone el énfasis en la dimensión ética del conflicto armado.

Más de 5.000 personas damnificadas por la violencia asistieron a diez audiencias a lo largo del territorio colombiano y le hicieron saber al Gobierno sus necesidades y precarias condiciones. El propio Senado aprobó el proyecto de ley por abrumadora mayoría y el Gobierno se comprometió, ante las víctimas y la ciudadanía, a respetar los acuerdos en materia de reconocimiento, verdad y reparación.

No obstante, en su ponencia “alternativa” los congresistas Mantilla y De la Peña insisten en excluir de la ley a las víctimas de Estado. Al hacerlo, niegan su existencia, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su participación en desapariciones y masacres como las de Caballero y Santana, Las Palmeras, la de los 19 comerciantes, Gutiérrez Soler, Mapiripán, La Granja y El Aro, La Rochela y el caso Escué Zapata. El principio de universalidad, inherente al concepto de víctimas de Estado, no es, como cree el Gobierno, un embeleco de la oposición. Por el contrario, permite una reparación integral para todas las víctimas, sin distingos de ninguna categoría, y garantiza que la dimensión ética de la ley sea respetada.

Anexo a ese deseo injustificado de excluir a unas víctimas para reconocer otras, la ponencia intercambia el concepto de responsabilidad en la reparación por el de solidaridad. Como si se tratase de un favor o una concesión, el Estado, del que depende velar por la seguridad de los ciudadanos, actuaría con base en el principio de solidaridad y se expondría, de paso, a que por otras vías —en general internacionales— siga siendo responsabilizado por omisión.

Por si ello fuera poco, y para no ahondar en mezquinos reparos económicos que insisten en escamotear el dinero necesario para llevar a cabo la atención integral de las víctimas, como si éstas pudiesen ser objeto de una negociación económica, los ponentes del proyecto plantean que las víctimas, para serlo, deben ser reconocidas por un juez. Se les obliga a una doble victimización, en la que el proceso judicial les obliga a recordar todo aquello que, por doloroso y traumático, difícilmente puede ser explicado en los términos en los que un formulario y un juez lo requieren. Por lo demás, poco importa que a la fecha la gran mayoría de víctimas, algunas amenazadas de muerte y sumidas en un silencio obligado, estén al margen de los procesos judiciales.

Si el proyecto de ley es aprobado con los cambios propuestos, beneficiará a muy pocas personas, internacionalmente será mal visto y carecerá de cualquier sustento ético.