Reforma financiera en medio del desplome

El capítulo central del proyecto tiene que ver con la creación de un esquema de “multifondos”, que permitiría a quienes hacen aportes obligatorios a las cuentas de ahorro individual de los fondos de pensiones escoger entre varias alternativas de inversión, desde las más arriesgadas hasta las más conservadoras. Hoy en día, todos los aportantes, cualquiera que sea su edad, propensión al riesgo y nivel de ingresos, depositan su dinero en un mismo fondo. El propósito del Gobierno es que, al dar diferentes alternativas de inversión, aumente la rentabilidad de las cuentas individuales y, por lo tanto, el capital para la futura pensión.

Este tema, eje del proyecto, se aprobó sin mayor debate en las comisiones que se concentraron, en cambio, en discutir el papel del defensor del cliente financiero, una figura que no ha dado los resultados esperados desde su creación. Así, mientras en Estados Unidos los tropiezos para el plan de rescate se originaron, en buena medida, en la preocupación por la adecuada protección que debe brindarse al consumidor financiero, en Colombia, la discusión se ha circunscrito al diseño de un sistema eficaz de quejas y reclamos.

En el tránsito del proyecto de las comisiones a las plenarias, el contexto de la discusión ha cambiado dramáticamente. El terremoto financiero que ha sacudido a Estados Unidos, y por contagio al resto del mundo, ha abierto un debate esencial sobre la regulación adecuada del sistema bancario, asegurador y bursátil, y ninguno de esos cuestionamientos se toca, siquiera tangencialmente, en el articulado del proyecto.

En reciente artículo, Roberto Junguito mencionaba la necesidad de “dotar de mayor independencia a la Superintendencia Financiera, tanto estableciendo un período fijo para el Superintendente, como dando a la entidad autonomía completa en el manejo de los recursos para garantizar una supervisión efectiva”. La propuesta gubernamental guarda silencio absoluto sobre este punto. Tampoco dice nada sobre el gobierno corporativo de las entidades financieras y la responsabilidad de sus ejecutivos —tema que hizo agua en Estados Unidos—, ni sobre la regulación en aquellos casos en los que la captación o el aseguramiento lo ejercen entidades no supervisadas por la Superintendencia Financiera.

El proyecto no sólo tiene omisiones importantes a la luz de las nuevas realidades, sino que además va en contravía de las lecciones que deja la crisis mundial. Mientras que lo que ahora se pide a gritos es una supervisión con plenos poderes para limitar la especulación de riesgo, la unificación de controles financieros y mayores protecciones a los inversionistas individuales, la propuesta colombiana apunta a que el ciudadano común asuma mayores riesgos con sus ahorros pensionales, sin que ello esté acompañado de protecciones sólidas y confiables. La reforma, que siempre fue de tono menor (el mismo Gobierno la presentó, no como una gran reforma al sistema financiero, sino para hacer ajustes en temas puntuales que requerían corrección), ahora resulta francamente contraproducente.

Se perdería muy poco si el Gobierno retira el proyecto, ahora que, dado el estado de su trámite, no es susceptible de cambios de fondo. Por el contrario, una aprobación apresurada nos pondría en un camino en el que el riesgo principal recaería sobre los hombros de los individuos y no sobre las entidades financieras. Precisamente el camino que llevó a la debacle en Wall Street, y que no conviene recorrer aquí.