Un primer informe, hecho por Profamilia en 2005 a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), alertaba frente a las escandalosas cifras de violencia sexual en Colombia. Más de 722 mil niñas y mujeres, entre los 13 y los 49 años, habrían sido violadas una o más veces a lo largo de su vida, y la mitad de las plagiadas lo habrían sido antes de cumplir los 15 años.

Según la encuesta, el 17,5 por ciento de mujeres en edad fértil habrían sido violadas. Ahora sabemos que la situación no sólo sigue siendo crítica, sino que ha empeorado. De las 490 personas encuestadas por Médicos sin Fronteras, el 35 por ciento de los usuarios de clínicas móviles y el 22 por ciento de las personas que acudieron a puestos fijos dijeron haber sufrido en algún momento de su vida un episodio de violencia sexual.

Además de las cifras, que cada cierto tiempo impactan a la opinión pública pero no conducen a una mejoría, el estudio reveló que la víctima de violencia sexual no acude a los centros de salud cercanos o no recibe de parte de éstos el tratamiento adecuado. Por no acudir al centro especializado más cercano antes de que transcurran 72 horas de haber ocurrido el hecho, se pierde la posibilidad de prevenir infecciones de transmisión sexual —incluido el sida— y embarazos no deseados.

Si la víctima busca atención médica, y para ello vence motivos disuasorios como lo son la vergüenza, el temor por su seguridad, las dudas sobre la fiabilidad de los servicios y la posibilidad de una revictimización, se enfrenta a la falta de preparación y recursos técnicos de los prestadores del servicio. Una trabajadora de salud de un hospital entrevistada por la ONG aceptó que no manejaban ni antirretrovirales ni un portafolio o protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, así como no contaban con un psicólogo como terapeuta o con orientaciones específicas sobre las particularidades de la agresión. En ese sentido, el 25 por ciento de los funcionarios de instituciones de salud que fueron entrevistados aceptó no tener información suficiente para tratar a sus pacientes.

Por si ello fuera poco, el entreverado sistema jurídico no permite claridad frente a la responsabilidad que les compete a las autoridades encargadas del tema. Las leyes que regulan la materia existen, pero no son aplicadas ni conocidas, y en ocasiones se contradicen, como ocurre con la Ley 100 de 1993, en la que se desconocen derechos otorgados por otras reglamentaciones.

Como siempre se ha aceptado, la situación en materia de violencia sexual es altamente preocupante. Pero mientras se le hace frente al flagelo, que en general tiene muchas aristas, el Estado está en la obligación de avanzar en la calidad del servicio médico que presta. Muchas mujeres son violadas más de una vez y cuando se deciden a hablar, aun si ya es muy tarde, no reciben ni el tratamiento terapéutico que requieren. Si las anomalías se repiten, y ello pese a lo execrable del delito, posteriores estudios continuarán emitiendo alertas sin que ocurra algo que permita pensar en una mejoría.