Reiterativos ataques de las Farc al oleoducto Caño Limón-Coveñas llevaron a que en la fronteriza zona del departamento se les otorgara poder de policía judicial a las fuerzas militares y se permitieran capturas, registros y allanamientos con orden judicial verbal. Pese a que la política de seguridad democrática introdujo, desde entonces, fuerzas del orden legítimamente constituidas en zonas que como ésta le estaban hasta hace poco vedadas al Estado, son más de 568 las personas que viven en situación de riesgo en los 23 mil kilómetros que tiene el departamento de Arauca, según una advertencia hecha el 15 de septiembre pasado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. La presencia de grupos que recuerdan a los paramilitares, supuestamente extintos, mueve a la preocupación.
En la zona circulan los frentes 10, 45 y 28 de las Farc y el ‘Domingo Laín Sanz’ del Eln. Se disputan el control de los hidrocarburos y los cultivos ilícitos y cada grupo armado ejerce presión sobre la ciudadanía. En agosto de 2007, las Farc les ordenaron a todos los funcionarios y a los candidatos a las corporaciones de elección popular renunciar a sus cargos. A principios de 2008, el alcalde de Arauquita, dos diputados y nueve concejales sufrieron un atentado. Un mes después, el presidente del Concejo de Saravena fue asesinado. En la actualidad, las Águilas Negras hacen circular correos electrónicos en los que ejercen presión sobre los funcionarios. Se sabe que cinco de las siete alcaldías, 11 diputados y 67 concejales están siendo amenazados.
La política de seguridad democrática, cuyos éxitos contrainsurgentes garantizan la productividad del oleoducto, no parece suficiente para garantizar la vida de los ciudadanos en Arauca. La situación que atraviesa el departamento es apremiante. El Gobernador fue inhabilitado por la Procuraduría, los desplazados por el conflicto abundan y el desempleo ha ocasionado fuertes migraciones hacia territorio venezolano.
Frente a esta situación, el discurso oficial insiste en su caracterización de las Águilas Negras como simples bandas delincuenciales que no tienen ninguna relación con los aparentemente extintos grupos de paramilitares. Sin embargo, a la luz del tipo de intimidaciones que realizan, razón tienen quienes dudan de la naturaleza de las Águilas Negras. Como cualquier otro grupo antisubversivo, sus misivas se dirigen usualmente contra la oposición. El control que ejercen en el territorio, cifrado en términos de correos electrónicos en los que les impiden a los jóvenes circular por las calles en las horas de la noche, difícilmente haría parte del accionar de un grupo cualquiera de traficantes de droga, aun cuando sea cierto que de ese tráfico se alimentan.
Arauca requiere que se investigue a fondo si el paramilitarismo que permitió el repliegue de la subversión persiste con otro nombre. Nadie niega que las denominadas Águilas Negras trafiquen con drogas ni que el Gobierno haya hecho lo posible por perseguirlas. En su discurso, de hecho, son señaladas de terroristas. Sin embargo, no son pocos los indicios que llevan a que se hagan comparaciones con grupos de paramilitares que actúan en connivencia con elementos de las fuerzas de seguridad del Estado. De ser así, mal haría el Gobierno en ensimismarse con el repliegue guerrillero y la ausencia de ataques al oleoducto para permitir que en Arauca se replique el modelo de expansión paramilitar que tantas vidas ha cobrado en los últimos veinte años de la historia colombiana.