La pobre gestión del Congreso

Han sido tan fuertes y repetitivos los ataques que desde el Ejecutivo se le hacen al Congreso, y se les ha dado tanto eco en la opinión pública, que sin duda 2008 será recordado como uno de los años más ineficientes del cuatrienio legislativo, en el que el desmedido apetito burocrático del que habló el ex ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín y la operación tortuga que denunció el actual ministro, Fabio Valencia, fueron las notas predominantes.

Decir lo contrario, que la labor parlamentaria a lo largo de 2008 fue ejemplar o por lo menos aceptable, sería un engaño. Lo cierto es que, a un día de finalizar sesiones, el Congreso no estuvo a la altura de los retos que se le presentaron y no respondió efectivamente a las necesidades apremiantes del país.

¿Cómo decir que el Congreso hizo un buen trabajo combatiendo la parapolítica, si durante el trámite de las dos reformas políticas se vieron todo tipo de estrategias para evitar que los congresistas y partidos actualmente investigados fueran sancionados? ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que desde el Congreso se representan los derechos de las víctimas del conflicto, si los artículos concertados con éstos últimos fueron eliminados del texto de la Ley de Víctimas y al proyecto jamás se le ha dado la prioridad que sí recibieron iniciativas dirigidas a los combatientes? ¿Es posible decir que el Congreso está cumpliendo responsablemente con sus obligaciones electorales cuando en la mayoría de audiencias y reuniones para escuchar a los candidatos a Defensoría del Pueblo, Procuraduría y altas cortes el ausentismo fue la constante?

Sin caer en el fanatismo de quienes piden su cierre, es claro que el panorama no es nada halagador para un Congreso que comenzó el año con serios cuestionamientos de legitimidad y representatividad. Sin embargo, no se puede pecar por ingenuos y pensar que toda la culpa recae en los congresistas. Si por algo se ha caracterizado el actual Congreso es por el hecho de que, tal vez obnubilado por la popularidad del presidente Uribe, le cedió al Gobierno la iniciativa legislativa, de tal forma que período tras período las prioridades del Ejecutivo se convierten en las prioridades del Congreso.

En ese  sentido, es inaudito pretender que gran parte de la inoperancia legislativa a lo largo de 2008 no responde a las contradicciones e indecisiones que el Gobierno ha manejado en temas como el referendo reeleccionista o la reforma política. Así como resulta injusto que el Congreso sólo sea calificado de admirable cuando obedece sumiso a los intereses del Presidente.