La Contraloría, una institución tan importante para este país (fiscalizadora del buen uso de los recursos públicos), queda entonces en manos de este experimentado abogado al que le sobran los cargos en la vida pública: director del Instituto del Seguro Social en el Cesar, presidente del Consejo Superior de la Universidad Popular del mismo departamento, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Bogotá, del Consejo Superior de la Judicatura y ocho años al frente del Ministerio Público en la Procuraduría. Su hoja de vida en el sector público es incuestionable. Prometió, desde el martes mismo, una gestión independiente. Ojalá así sea.
Su elección, sin embargo, fue bastante atropellada y ha suscitado todo tipo de debates en apenas 24 horas. Lo primero, insoslayable, es el “guiño” que le dio el presidente, Juan Manuel Santos, cobijándolo como su candidato, luego de haber insistido que mantendría la distancia frente a la elección. Y así, tuvimos al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, convenciendo el fin de semana a distintos parlamentarios.
La gobernabilidad del presidente, puesta en entredicho por una avanzada opositora en el Congreso, luce aún intacta: al menos así parece, por ahora, cuando ha ganado su primer gran pulso en el Legislativo. Su candidato, en fin, es el nuevo contralor. Punto. La jugada, sin embargo, ya generó las primeras rupturas políticas: el expresidente César Gaviria, jefe natural del Partido Liberal, perdió ante el poder del presidente, ya que su candidato (y el de la colectividad, en un principio) era Rondón.
Aunque es un escenario natural y hasta entendible, no es la idea de una democracia que los partidos políticos se fragmenten y no tengan un norte común en su interior. Y ya empezamos a ver las rupturas cuando aún quedan cuatro años de tire y afloje. Y por ese boquete que abrió el consejo del poder Ejecutivo, hay un debate sobre si las normas que rigen la elección de los organismos de control deberían ser modificadas en una reforma política que asegure su independencia. El asunto ya es materia de la anunciada reforma para el reequilibro de los poderes. No es poca cosa.
Lo segundo tiene que ver con Maya: ¿está inhabilitado para ser contralor, como expresó Alejandro Ordóñez? ¿O puede asumir el cargo con tranquilidad, según lo afirmado por Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical? No hay que olvidar, en medio de toda esta formulación de sesudos problemas jurídicos, que el nuevo contralor cumple la edad de retiro forzoso dentro de dos años: ¿y entonces qué? ¿Un paso al costado?
Grandes preguntas quedan en el tintero y varias heridas por cicatrizar. Por demás, Maya es un funcionario que, por sus credenciales y gestiones anteriores, puede hacer una buena labor al frente de la entidad. Las dudas, sin embargo, persisten: habrá que ver la avalancha de demandas que empezarán a circular para tumbar su elección. Como en otros casos similares, esperamos que esto no entorpezca su gestión: mucho es lo que hay que hacer para sanear las finanzas.