Aumentar (de nuevo) el salario mínimo

Aumentar de nuevo el salario mínimo, teniendo en cuenta que el 7% decretado quedó por debajo de la inflación para los trabajadores de bajos recursos, es lo justo, aunque no debe ir en perjuicio de un debate más amplio sobre cómo medir los aumentos adecuados. / Bloomberg

La discusión sobre el aumento del salario mínimo no da tregua, y todo se complicó esta semana con el anuncio del Departamento Nacional de Estadística (DANE) de que, si bien la inflación cerró 2015 en 6,77%, la más alta desde 2008, la cifra fue mayor para la población de bajos ingresos: 7,26%. En otras palabras, para las personas más afectadas con el aumento del mínimo, la cifra aprobada por decreto de 7% se quedó por debajo de la inflación. Aunque no es un tema sencillo, la medida más justa sería modificar el decreto para que esta sección de la población no pierda poder adquisitivo.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) argumenta que, según la sentencia C-815 de 1999, el salario mínimo tiene que subir por encima de la inflación causada, lo que volvería el decreto actual inconstitucional. Sin embargo, como le explicó Víctor Julio Díaz, gobernador del Colegio de Abogados Laborales de Colombia, a El Espectador, la providencia “en ningún momento dice que el criterio sobre el cual tenga que basarse el Gobierno sea el IPC segmentado por bajos ingresos”. Esa es la posición del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, quien dijo que si no se tasa el aumento sobre la inflación en conjunto, “tendríamos que entrar a fijar incrementos salariales en cada ciudad del país por separado”.

Ese argumento no es tan convincente, pues la sentencia también dice que el incremento salarial debe “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”. En este caso es claro: los trabajadores con menores ingresos van a encontrar productos con precios que aumentaron más de lo que aumentó su salario. Esa es una contradicción de la finalidad del ajuste anual.

Más allá del debate constitucional, el Gobierno debería modificar por iniciativa propia el decreto, como lo hizo en 2011. El año 2015 fue extraordinariamente nocivo para la economía y, si bien todos los eslabones de la cadena productiva deben apretarse el cinturón para no entrar en un círculo vicioso de espiral de precios al alza, no se puede imponer una carga exagerada a los más necesitados. Más aún si se tiene en cuenta que el mayor factor que empujó la inflación fueron los alimentos, gasto indispensable para toda persona.

Todo lo anterior no va en perjuicio de admitir que la situación económica general no tiene solución fácil: un aumento desproporcionado en el salario mínimo implicaría una carga injusta para empresas que, de por sí, tienen muchos obstáculos, lo que desencadenaría recortes que afectan el proyecto nacional hacia la formalización de los empleos. Sin embargo, los empresarios también deben entender que, si sus trabajadores pierden poder adquisitivo, esto afecta incluso más a sus empresas por la baja en la demanda.

En cualquier caso, tiene razón el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, sobre la necesidad de “revisar toda la lógica y el ritual con el que se define el salario mínimo”. Ese debate debe darse con responsabilidad y transparencia para tener una fórmula que se adapte a la nueva realidad financiera de Colombia y el mundo.

Ojalá las partes, con la mediación del Gobierno, lleguen pronto a un acuerdo justo. Así podemos empezar de una buena vez y con las reglas de juego claras a enfrentar el año de las vacas flacas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.