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Editorial 3 Jun 2013 - 11:00 pm

EDITORIAL

Bajo la lupa

Se le vinieron encima al Superintendente de Salud, Gustavo Morales, por las declaraciones que hace un mes pusieron en el ojo del huracán a varios congresistas que, según lo que dijo él mismo, enviaron hojas de vida y lo visitaron en su despacho con el fin de influir en el “cambio de intervención, (o en el) cambio en el nombre del interventor”, tal y como se lo confesó a los medios.

Por: Elespectador.com
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Las reacciones fueron de todo tipo, claro. Pero sorprende mucho que la indignación se levante por el hecho de haber recibido a congresistas en su oficina y atenderles sus visitas. Oírles sus peticiones variadas y concretas. Hay intereses políticos de por medio y eso es normal. Algo que el superintendente califica como “un interés político que, incluso, podría decir que es legítimo”. Puede ser, aunque esa no es (o no debería ser, al menos) la órbita de la discusión, viendo los hechos con más claridad. Si así fuera de estricta la auditoría ciudadana y mediática, pues habría que juzgar a casi todos los funcionarios públicos de este país. No hay rasero que aguante tanto.

Y no se ve lo otro: la lucha frentera que el superintendente está realizando para librar las interventorías de las EPS de los intereses políticos. Porque si bien lo que dijo Morales a los medios no constituye una denuncia propiamente dicha, sí es muestra de que está empeñado en despolitizar las intervenciones a empresas privadas que prestan un servicio de salud. Ese es, justamente, el lado positivo de todo este asunto.

Revisemos, entonces, su caso. La ley da una serie de instrumentos para que las superintendencias ayuden a las entidades que están en crisis. El caso particular de la de Salud es sacar a los usuarios de los crecientes problemas que agobian al sistema. De todas las operaciones posibles, la más invasiva es, claramente, la intervención. Esta puede tener dos desenlaces posibles: la administración o la liquidación. Recordemos, sobre todo, que aquí estamos hablando de empresas privadas al servicio de un derecho que el Estado debe brindar y no de una entidad estatal propiamente dicha.

Así las cosas, algunos congresistas se acercaron a hablar con el superintendente. Morales dio sus nombres propios: el presidente del Congreso, Roy Barreras, y los congresistas Karime Mota y Antonio Correa.

Él habló sobre cómo ellos se acercaron pretendidamente para indagar acerca del nuevo interventor. Ese es, justamente, el cáncer que el superintendente quiere evitar: dar puestos con intereses políticos de respaldo. Intercambios de favores, recomendaciones indebidas. Cuando algunos de ellos saltaron diciendo que no, que todo era mentira, Morales sacó las pruebas. Y no a modo de denuncia (como tiende a repetirlo), sino de advertencia, en un tono más conciliador que confrontacional. “Ellos no llegan a mi despacho necesariamente para algo malo”, se le ha oído decir.

La gran inquietud del superintendente es por qué hay tanto interés de políticos frente a una entidad privada que, a su juicio, no hace parte integral del aparato estatal. Y para blindar su duda, los pone en el ojo público y trata de proteger las interventorías que se hacen. Suena razonable.

No entendemos, entonces, las razones de las críticas. Es de aplaudir, incluso, que Morales haga todo esto en un tono que no genere peleas políticas ni riesgos desmesurados para nadie.

La lupa ciudadana, de los medios, debería estar más bien en otra parte, aprovechando las moderadas palabras que el superintendente de Salud ha salido a decir en los últimos meses.

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