Lo hará con ocurrencia de un recurso de apelación que la defensa del exmilitar interpuso ante una condena de treinta años de cárcel que pesa en su contra por el delito de desaparición forzada. Éste tuvo lugar, de acuerdo con la primera instancia, después de los terribles hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se produjo la toma por parte del M-19 y la retoma por parte del Ejército del Palacio de Justicia, con un saldo considerable de personas desaparecidas.
La juez del momento encontró culpable al coronel, entre otras, por las siguientes razones: fue quien comandó la operación de retoma del Palacio, dirigió él mismo el tema de los rehenes y manejó lo sucedido en la Casa del Florero, lugar al que fueron conducidos todos, pero no todos aparecieron después. No había fallado la juez de primera instancia y el abogado defensor, Jaime Granados, ya anunciaba el recurso de apelación a la sentencia en caso de ser desfavorable. Y así lo hizo, era su derecho. Queda entonces pendiente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
Este caso, más que una discusión de derecho, se ha vuelto una pelea mediática en la que parecería ganar quien más hable públicamente del asunto. Por un lado están los defensores y familiares de Plazas Vega, alegando que el proceso es inocuo ya que está lleno de irregularidades por cuenta de un testigo falso —la única prueba, aseguran—, y piden a través de los medios masivos su liberación inmediata. El nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, dice que apoya a Plazas y que dentro de su “fuero interior” sabe que este “héroe de la patria” es inocente. Los representantes y familiares de las víctimas salen al paso, en medios también, diciendo que esto último es una intromisión a la justicia por parte del Ejecutivo y un irrespeto contra la memoria histórica del país.
El asunto del testigo falso ciertamente es un hecho nuevo que no sólo afecta la veracidad de la sentencia de primera instancia, sino los elementos de juicio necesarios para que el tribunal pueda confirmarla o revocarla. Este juez deberá analizar concienzudamente si se trata o no de una verdad procesal. Lo que sí se sabe es que esta misma carta ha sido usada por la defensa de Plazas Vega en ocasiones anteriores: ya la fiscal del primer proceso, Ángela María Buitrago, fue investigada por haber usado un presunto testigo falso y fue librada de todo cargo por parte de la Fiscalía. Lo anterior porque las “inconsistencias” que alegaba Plazas Vega en cuanto a la identidad de aquél no eran suficientes para negar su validez dentro del proceso.
Asimismo, el testimonio que se cuestionó en el pasado por parte de la defensa —es decir, el del militar Édgar Villamizar— no parece ser la única prueba en el proceso: de acuerdo con María Stella Jara, jueza en la primera instancia, otro tipo de evidencia se tuvo en cuenta para la condena. Y siguiendo un estricto esquema jurídico esto es lo más lógico. Un testimonio no da la talla para convertirse en un elemento de juicio “más allá de toda duda razonable”, como manda el derecho. Y en efecto hay más pruebas: desde otros testimonios hasta el video en donde se ve a los rehenes desaparecidos saliendo con vida del Palacio en llamas.
Si son prueba suficiente o no de la responsabilidad del coronel (r) Plazas habrá de decidirlo el Tribunal. Ardua tarea la que le espera. No sólo la de revisar exhaustivamente las pruebas con las que cuenta para confirmar o revocar la sentencia, sino también la de no ceder ante la presión mediática. La oportunidad de llegar a saber lo que sucedió en aquellos días terribles, durante y después de la toma del Palacio de Justicia, pasa sin duda por lo que la justicia diga en este caso emblemático. Por eso, la decisión debe darse en estricto derecho y no por lo que piense la mayoría.